Así lo ha dicho el teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello. El Ayuntamiento de Barcelona no cederá a las presiones de la Generalitat de Cataluña para habilitar locales para celebrar el referéndum ilegal del 1-O.
El secretario municipal Jordi Cases , al que Ada Colau pidió que comprobara la disponibilidad del dispositivo electoral, se ha posicionado en contra de Carles Puigdemont y ha comunicado a varios trabajadores que el consistorio barcelonés no colaborará con los independentistas, según adelanta El País.
Este mismo viernes, en un discurso previo a la Diada, Ada Colau había eludido referirse a la petición del Govern de la cesión de locales de cara al 1-O. Sin confirmar si permitirá instalar urnas en el Ayuntamiento, la regidora de la Ciudad Condal se ha limitado a hacer una breve reflexión sobre el momento político en que se encuentra Cataluña.
Tras la firma del decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre este miércoles de madrugada, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, comunicaron por carta a los alcaldes catalanes que el Govern prevé utilizar los colegios electorales habituales y les dieron 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales utilizados en las elecciones autonómicas de 2015.
El plazo expira este martes -al considerar el fin de semana y el festivo de la Diada inhábiles- y por ahora no existe una confirmación oficial remitida al Govern. El Ayuntamiento de Barcelona aseguró que respondería a la petición "en el tiempo previsto". La alcaldesa aseguró en Twitter que mantendría su "plena disposición a facilitar la participación a toda movilización democrática, sin poner en riesgo institución ni funcionarios".
El secretario municipal, Jordi Cases, se ha reunido este viernes con varios funcionarios para explicarles que no es legal ceder los locales después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que se estaría poniendo en peligro al consistorio, según explica el citado diario.
Las grandes ciudades, entre el silencio y el rechazo
Ayuntamientos catalanes que suman al menos tres millones de habitantes guardan silencio o ya han rechazado la cesión de los locales electorales habituales para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su convocatoria.
Se trata, entre otros, de L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels.
El nexo entre todas estas localidades es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo protagonismo con otras formaciones, algunas de ellas independentistas.
La mayor parte de estos municipios aún no se han pronunciado sobre si responderán a la carta de Puigdemont. Hacen esta interpretación en base al artículo 30.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que establece que los plazos superiores a 24 horas se deben expresar en días hábiles.
