Vigilantes del Metro de Madrid se movilizan por impagos, que pueden afectar a la seguridad
Más de un tercio de los vigilantes de Metro de Madrid llevan dos meses sin cobrar y están "al límite". Por eso Daniel cumple hoy siete días en huelga de hambre y otros afectados han denunciado en los juzgados que esta situación supone un peligro para los usuarios por la ansiedad que sufren.
Son unos 550 trabajadores de Seguridad Integral Canaria, la empresa de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que hace cuatro años consiguió la mayor parte del concurso convocado por Metro de Madrid para adjudicar la seguridad en el suburbano: las zonas centro, suroeste y Metrosur, que suponen el 40 % de la red.
Tras retrasos "habituales" durante meses en los cobros, el pasado 10 de noviembre el comité de empresa inició una huelga indefinida tras constatar que no habían recibido la nómina octubre. Los servicios mínimos son del 85 %, por lo que los ciudadanos notan poco la huelga.
Y por eso algunos afectados que están "al límite" han decidido tomar medidas para que su caso se conozca y se obligue a la empresa a abonar los sueldos pendientes, a la vez que exigen a Metro se le retire ya la concesión, que expiró oficialmente en agosto y se ha prorrogado hasta que se resuelva el nuevo concurso.
Daniel Galán Meléndez tiene 42 años y lleva 15 años de vigilante en Metro y, como sus compañeros, es subrogado cuando cambia la concesión de las empresas. Ahora ha llegado a "una situación desesperante" ante la que ha tomado la medida "drástica" de ponerse en huelga de hambre.
Vive con su mujer y sus dos hijos en Toledo y no puede pasarle la pensión a su exmujer y sus otros hijos, con el agravante de que esta expareja trabaja en la misma empresa y tampoco cobra.
"Estoy deseoso de que llegue la nueva empresa y simplemente cobrar mi sueldo", asegura, convencido de que Metro es "cómplice" de la situación de los afectados, ya que "le dio la concesión más grande a la más barata".
Sin comer nada sólido desde el lunes, sigue yendo a trabajar en su turno de ocho de la tarde a ocho de la mañana y luego se planta con una pancarta reivindicativa en la estación de Sol.
La vía judicial ha sido la opción que han tomado otros afectados, y así cuatro de ellos han presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra dos directivos de SIC por un posible delito contra los derechos de los trabajadores y otro de apropiación indebida, y contra tres responsables de Metro como colaboradores necesarios.
En la denuncia relatan que llevan dos meses sin cobrar pero siguen trabajando "en un punto crítico durante un estado de alerta 4, con la campaña navideña por delante", y aseguran que esta situación supone "un grave peligro" para los ciudadanos "dada la falta de concentración y crisis de ansiedad que produce una situación radicalmente injusta e ilegal".
La misma medida, y con argumentos similares, han tomado desde el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, que también ha interpuesto una denuncia penal contra la empresa y contra Metro.
Sobre este conflicto, fuentes de la dirección de Seguridad Integral Canaria han dicho a Efe que "se está haciendo todo lo posible en varios frentes para normalizar los abonos de salarios y se espera una solución en breve".
Por su parte Metro ha incidido en que han cumplido sus pagos a SIC y se está agilizando la nueva adjudicación del servicio de seguridad, pendiente de resolución, y que estará para mediados o finales de enero.
SIC ha sido excluida de este concurso y en los nuevos pliegos se especifica que si una de las empresas adjudicatarias no cumple con el convenio colectivo del sector, será motivo para la rescisión del contrato.
Además, Metro retendrá el aval de la empresa y está estudiando si legalmente puede utilizar ese dinero para pagar a los trabajadores los atrasos.
