Recuperados gracias a la ayuda ciudadana los restos en excelente estado de conservación de un hombre y una mujer

Las faltas de medicamentos en España continúan en aumento y la situación no parece mejorar. El año 2023 finalizó con unas preocupantes cifras y en el primer trimestre de 2024 ha vuelto a superar una nueva barrera: cerca de un millar de presentaciones de medicamentos han sido incluidas en la lista de problemas de suministro del CIMA (Centro de Información de Medicamentos Autorizados), alcanzando un pico máximo de 957 en enero.

Sin embargo, ¿cuáles son los medicamentos más difíciles de encontrar en las farmacias de Canarias?

El presidente de la Cámara de Comercio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, defendió hoy el papel del tejido empresarial de Canarias como motor del desarrollo económico y social de las islas, por lo que pidió redirigir el debate turístico hacia el diseño de un nuevo modelo económico más sostenible. “Es un trabajo de previsión y planificación que requiere el consenso de las administraciones, las organizaciones empresariales y las entidades sociales”, aseguró.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado que los plazos de pago a proveedores en España siguen siendo, un año más, superiores a los permitidos por la ley, según se desprende de la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023”.

Una representación del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encabezada por su presidenta, Ana B Suárez Calvo, desarrolló este martes 16 de abril una visita a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles para conocer de cerca la actividad que se desarrolla en el centro desde el que se gestionan 13 de las titulaciones que se imparten en la Universidad.

Tras un análisis exhaustivo del anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán concluye que esta norma impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes por los requisitos urbanísticos y administrativos a las ayuntamientos así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles, prácticamente de imposible cumplimiento.