Beatriz Correas Suárez
Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
El desarrollo social de las ciudades avanzadas pasa por la inclusión de todos sus ciudadanos en igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos, al mercado laboral y, en definitiva, a todos los escalones que vertebran el Estado de bienestar. Por tal motivo, se hace necesario hablar de la inclusión de las personas con discapacidad.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene la obligación de impulsar la efectiva igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y, por eso, debe articular políticas ciertamente inclusivas en el marco de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión debemos abarcar a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Deben ser consideradas, en el desarrollo normativo y ejecutivo, tanto las discapacidades motoras como las cognitivas, sensoriales, intelectuales o sociales. Si queremos caminar hacia la efectiva inclusión, se hace obligatorio incluir a todos los agentes implicados.
En el año 2006 se avanza de manera notable en esta materia cuando se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2008. En ella se fija el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Y, en el año 2013, se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/2013, con el que se garantiza “el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación”.
Lo cierto es que, a pesar del citado desarrollo legislativo, no contamos con todas las herramientas necesarias para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Esto se debe, en gran medida, a que no se ha considerado a la discapacidad como un vector transversal de atención en el desarrollo normativo y ejecutivo del ayuntamiento. La herramienta fundamental para que esto ocurra pasa por incluir a los colectivos representativos como agentes con capacidad decisoria en las políticas locales.
Ciudadanos presentó una moción en el pleno de julio de 2015, que fue aprobada por unanimidad, para asumir el “Compromiso Ciudad Inclusiva”, elaborando un protocolo de normas de mínimos que sea de obligado cumplimiento en la realización de planes y directrices que comporten la efectiva transversalidad de la discapacidad. Se proponía también que se elaborara un
“Plan de Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad”, que articule toda la política en materia de discapacidad, así como realizar un estudio, con recursos de personal propios, para la creación de un Órgano Sectorial de Inclusión para las Personas con Discapacidad.
El objetivo era dotar de competencias a un órgano paritario de encuentro y debate sobre las políticas públicas de discapacidad entre la Corporación y el sector de la discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así, todas las disposiciones normativas y decisiones ejecutivas de la Corporación deberían contar, con carácter previo a la ejecución, con el necesario enfoque de la discapacidad.
Y ¿qué ha hecho el tripartito con respecto a la accesibilidad? Comenzaron convocando a distintas reuniones a las asociaciones de personas con discapacidad, luego decidieron incluirlas en participación ciudadana y, finalmente, las olvidaron.
Lo que ha sucedido es todo lo contrario. La brecha de desigualdad se ha ampliado en estos años, no se tiene en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad y, para muestra, vamos a analizar un sector en concreto, la discapacidad visual:
1. Algo tan sencillo como señales sonoras indicando la próxima parada cuando vas en la guagua sería de gran utilidad para estas personas. Lo hemos solicitado pero, lamentablemente, no se ha puesto en marcha.
2. ¿Qué sucede con los carriles bici en zonas peatonales? Se supone que el carril bici a quien le debe quitar espacio es al vehículo motorizado, no al peatón. Nosotros sí vemos cuando llega un ciclista pero, ¿qué sucede con las personas con discapacidad visual? No lo ven y, en caso de tener algún resto de visión, se guían por colores llamativos para detectar las zonas por las que no deben pasear. En este caso, tenemos unos puntos azules o amarillos, desvaídos, que no son distinguibles por ellos. Incluso en zonas de reciente construcción, como sucede en los alrededores del antiguo hotel Don Juan, no se han respetado los colores, lo mismo sucede en el Castillo de La Luz o en las inmediaciones del Club Náutico.
3. ¿Y qué ocurre con las licencias de apertura de nuevos locales en donde el ayuntamiento no está comprobando la accesibilidad? Les pido que simplemente se fijen en los locales de nuestra ciudad y observen cuántos de ellos son accesibles. El silencio por respuesta no es una buena solución. Hay que verificar que cumplen los requisitos de accesibilidad.
4. Esta ciudad ha conseguido una buena subvención para poner en marcha la smart city. Sin embargo, tampoco se han reunido con estas asociaciones para concretar las condiciones de accesibilidad.
5. La famosa Metroguagua. Cuando se hizo el tranvía en Tenerife, CERMI (aglutina a la mayoría de asociaciones de personas con discapacidad) colaboró de principio a fin y el proyecto del Tranvía obtuvo la certificación AENOR de accesibilidad. ¿Cuántas veces se han reunido con los responsables de CERMI para el proyecto de la Metroguagua? Ninguna.
No hay que irse muy lejos para ver la poca importancia que se le da a la accesibilidad por parte del tripartito, lo vemos en la oficina de atención al ciudadano, la cual no es accesible. Pero dónde mejor lo podemos detectar es en la ambigüedad en la gestión de este equipo de gobierno. Tenemos que irnos a tres concejalías para poder hablar de accesibilidad: vías y obras, urbanismo y participación ciudadana. La desgracia que tenemos es que ninguna de ellas da respuestas globales ante un tema tan serio como es la marginación de un amplio sector de nuestra sociedad.
En situaciones como estas, entiendo el lema de campaña del PSOE en el 2015 bajo el título "Gobernamos para la mayoría". Ha quedado claro: no gobiernan para todos.
Beatriz Correas es la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
