José Fco. Fernández Belda
Viviendo en San Borondón
A ningún inversor privado se le ocurriría poner un euro en un proyecto si previamente no encarga un estudio de costes y beneficios. Si los beneficios esperados superan a los costes previstos y si los políticos no se entremeten con algún liberticidio al uso, lo emprenderá. En caso contrario, ni se le ocurriría financiar el proyecto en cuestión. Esto parece, y sin duda lo es, una evidencia que no es frecuente encontrar en el sector público, que se mueve más por intereses sectarios, partidistas y electoraleros de los grupos políticos que por otras razones, incluidas el tan cacareado como falso interés social por los contribuyentes, que al fin y al cabo son los que pondrán el dinero que los políticos gastarán, normalmente mal y en exceso, cuando no tras comisiones mediante, como se está viendo en muchos tribunales de España.
Aunque es bien sabido que un típico político encargará un estudio coste-beneficio que diga lo que él quiere que se diga para justificar una foto del corte de cinta inaugural, también es cierto que un equipo de técnicos diferente podrá hacer otro estudio que demuestre justo lo contrario. Y muy posiblemente este sería el caso en su día del Puerto de Arinaga. En el año 1995, un equipo del Departamento de Economía Aplicada de la ULPGC, encabezado por el catedrático Ginés de Rus, elaboró un informe titulado “Análisis Coste-Beneficio del Puerto de Arinaga”. La lectura de sus conclusiones bien merecen un comentario, aunque tardío, para depurar o evidenciar responsabilidades económicas y políticas, por más que hubieran prescrito sus culpas y liviandades por ejecutar un proyecto cuyos estudios previos se iniciaron en 1975.
El estudio es demoledor en sus conclusiones, recomendando no iniciar el proyecto. En la introducción ya advierte sobre esta cuestión con un contundente párrafo: “En proyectos de grandes infraestructuras, cuya vida alcanza los 40 o 50 años, es irremediable convivir con pobres rentabilidades sociales ex post [la realmente alcanzada]. Cuando la rentabilidad social es nula o negativa, conocida ex ante [la rentabilidad esperada], y a pesar de ello se acomete la ejecución, es muy importante indagar sobre las causas que provocan que en el sector público se tomen deliberadamente decisiones que reducen el bienestar social”.
Dos razones se dan en este estudio de la ULPGC para explicar, si ello fuera posible, esta anómala e irracional aplicación de recursos públicos. En primer lugar, “un conflicto de intereses entre el ámbito local y el global”, cuando un ayuntamiento tiene capacidad de influencia para imponer ese proyecto en un espacio más amplio -insular, regional o nacional-y siempre que la carga financiera no recaiga sobre la corporación local. ¿Es este el caso?
La segunda explicación es éticamente obscena. Se trata de “favorecer a grupos privados cuando estos no han de hacer frente a los costes de ejecución y explotación del proyecto”. Creo que a estas alturas de la película, sobran los comentarios y se entiende bien a la primera.
El estudio analiza tres escenarios posibles. Uno, que este puerto sólo atienda las necesidades del Polígono Industrial de Arinaga. Dos, añadir al anterior tráfico la exportación hortofrutícola. En el tercero, sumar a los dos anteriores el 15% de toda la mercancía general del Puerto de La Luz y de Las Palmas. “Los resultados obtenidos en la evaluación obtenida para los tres escenarios, son inequívocos... no es aconsejable desde un punto de vista económico acometer un proyecto que a priori presenta una rentabilidad social negativa”.
Por cierto, ahora la Unión Europea ha calificado esta cofinanciación, como una de las peores que ha realizado en puertos. “Los auditores europeos también cuestionan la construcción del puerto en Arinaga para descongestionar La Luz y Las Palmas, con un coste de 23,5 millones y una inversión europea de 11,8 millones, el 90% de ella cuestionada (10,7 millones)”, según informa desde Bruselas Europa Press el 23 de septiembre de 2016.
Y dado que las decenas de años transcurridos han dado la razón a estos analistas, ¿no es hora de al menos poner colorado al partido, partida y a quien personalmente promovió este disparate derrochador de recursos públicos, ruinoso en lo social y lo económico, posiblemente con falsas o ilusas promesas a los electores, logrando saquear la cartera de otros organismos superiores con presiones políticas que estos no pudieron, o no quisieron, soportar?
