En estos últimos días las cosas de Emalsa se han vuelto a agitar, como si de aguas turbulentas se tratara. Primero fue una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor de Emalsa, declarando nula la intervención del Ayuntamiento, que ya había sido cancelada en julio de 2015 por el alcalde Hidalgo. Después fue la aparición de un informe emitido por el Comité Técnico Asesor – creado por la Junta de Gobierno municipal en enero de 2016 – formado por los técnicos municipales Benito Cabrera y Miguel A. Padrón, analizando el “Dossier de acuerdos y documentos para la adecuación de la situación en Emalsa” confeccionado por la consultora multinacional KPMG Abogados en octubre de 2015 y pagado por Emalsa.
Con respecto a la sentencia, el Juzgado declara la nulidad de la intervención por haberse excedido en los plazos para su constitución, que la ley fija en tres meses. Es decir, por un tema de forma. Sin entrar en el fondo, el Juzgado dedica un párrafo que, por su interés, reproduzco: “Basta una lectura detenida de ambos documentos para comprender que existió base sustancial para una intervención de control, como la adoptada en la resolución que se impugna, que no adopta sino una serie de medidas que constituyen una fórmula para obtener datos reales de cómo se está llevando a cabo la gestión por parte de EMALSA”.
En estas pocas líneas, el Juzgado justifica plenamente la intervención municipal acordada por el gobierno municipal de Cardona, a pesar de que el alcalde Hidalgo, a propósito de la sentencia, volvió a tildar de “chapucera” la citada intervención. Debe ser que no se leyó el párrafo anterior.
El documento elaborado por el Comité Técnico Asesor es un señor informe, no solo por su tamaño (71 páginas) sino por la profundidad de sus análisis y comentarios. Conviene recordar que el citado Comité Técnico se creó con la finalidad de “analizar y definir las propuestas del documento elaborado por KPMG” - arriba mencionado - y “elevar las propuestas de acuerdo mediante informe a los representantes municipales en el Consejo de Administración de EMALSA para su consideración en la toma de decisiones”.
El informe no tiene desperdicio. A modo de resumen, al final de sus tres páginas de conclusiones, los técnicos municipales dicen: “Por todo ello, consideramos que el dossier de KPMG no es un documento que satisfaga, en general, las necesidades del Ayuntamiento en relación con la gestión del ciclo del agua que realiza Emalsa y que, en consecuencia, debe ser rechazado globalmente, con independencia de algunos aspectos tratados en este informe con los que pudiéramos estar de acuerdo parcialmente”.
O sea que el documento de KPMG que, según el alcalde Hidalgo, iba a ser la hoja de ruta de las relaciones entre el Ayuntamiento y Emalsa, es rechazado por los técnicos de forma global. Esto es, las soluciones que aporta KPMG no se consideran apropiadas.
Una de las razones que exponen los técnicos municipales la refleja el siguiente párrafo: “En nuestra opinión, parte de los asuntos tratados en el dossier y la forma de tratarlos, ponen en relieve cuál es la única prioridad (o al menos principalísima) de los socios privados de Emalsa, que no es otra que incrementar por varias vías los ingresos, y consecuentemente sus propios beneficios (de los socios privados)”. Blanco y en botella, leche. Espero que el alcalde se lea con detenimiento el informe, no haga lo mismo que con la sentencia, y tenga clara cuál es la única prioridad de los socios privados, conocida por todos los que hemos tratado y leído la problemática de Emalsa: sacar el máximo beneficio a costa del Ayuntamiento y de los abonados/clientes.
Y por si alguien no lo tenía claro del todo, el párrafo anterior continúa diciendo: “De ahí que, aunque KPMG afirme que su actuación no ha sido como asesor de parte, este Comité Asesor percibe el dossier como un documento propio de los socios privados de Emalsa”. Digo yo que quien paga, manda ¿no?
Admito mi error. Cuando Hidalgo creó el Comité Asesor y tomó como hoja de ruta el documento de KPMG, pensé que la suerte estaba echada. Que los socios privados se iban a salir con la suya y que todo lo que habíamos conocido durante la Intervención de Rafael Bolívar se iba a ir al traste. Ahora creo que, una vez conocido el informe del Comité Asesor, el que intente maniobrar a favor de los socios privados de Emalsa lo tiene crudo.
Y este “tenerlo crudo” va especialmente dirigido al alcalde Augusto Hidalgo, porque el informe tiene fecha de 11 de octubre de 2016, y alguien lo ha hecho público (se ha filtrado) casi seis meses después. ¿Por qué no lo hizo público el alcalde? Curiosamente, 16 días después de la fecha del informe, el 27 de octubre, Hidalgo dio una rueda de prensa en la que admitió que en 2017 habría un incremento de las tarifas del agua, aunque se refirió a él como una “actualización y modernización del sistema normativo y tarifario del agua”. En estos días, después de la publicación del informe, Hidalgo ha negado que él anunciara una subida del agua en octubre pasado… Creo que estamos ante un caso grave de pérdida de memoria.
Por último, La Provincia dio la noticia de que el Ayuntamiento había dejado de pagar a Emalsa las facturas mensuales del saneamiento, desde julio de 2016 y hasta la fecha. La interventora municipal ha presentado reparos a las nueve facturas y por lo tanto no se pueden pagar. Conviene recordar que eso mismo hizo el anterior alcalde, y el actual, Hidalgo, habló del “agujero” que le habían dejado. Pues en estos 9 meses, el “nuevo agujero” va por 3,8 millones de euros.
La historia se repite. Los técnicos municipales hacen un informe, que podría haber firmado el anterior interventor Bolívar. La interventora pone reparos al pago de facturas de saneamiento, como antes Bolívar. El alcalde no puede pagar las facturas de saneamiento, como antes Cardona. ¿Estará el problema en la gestión de Emalsa por parte de los socios privados?
Eusebio Bautista Vizcaíno
Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas G.C
