Imagínese usted que trabaja en una empresa, que vende mucho pero que no cobra lo que vende en un tiempo razonable. Que el año pasado, vendiendo menos, cobró más cantidad que este año en el mismo tiempo. Imagínese que es el director-gerente de la empresa y que está exponiendo la situación al consejo de administración de la misma. ¿Cree que el consejo de administración lo felicitará o le tirará de las orejas?
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2016, con un presupuesto de ingresos de 342 millones, a 30 de junio (final del segundo trimestre), obtuvo una recaudación líquida – términos que se utilizan en los presupuestos oficiales, y que equivale a los ingresos líquidos – de 107 millones de euros.
Este año 2017, con un presupuesto de ingresos de 368 millones (26 millones más que en 2016, esto es un 7,60% más) la recaudación líquida a 30 de junio ha sido de 99 millones (7,9 millones menos que en 2016, esto es un 7,36 % menos).
Dicho en román paladino, con un presupuesto de ingresos mayor este año 2017 que en el pasado 2016, los ingresos líquidos han sido menores. Lo que significa una peor gestión económica.
Estas cifras a las que me refiero están recogidas en la documentación oficial del Ayuntamiento, entregada a todos los grupos políticos. Cuando en el pleno de septiembre del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el coordinador (accidental) de Economía y Hacienda David Gómez informó sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre del año en curso, la presentó como un éxito frente a la del año pasado.
La técnica que utilizó fue la de hablar de otro de los términos que se usan en la redacción de los presupuestos, los derechos netos, en vez de hablar de la recaudación líquida. Así daba una cifra de derechos netos en 2017 de 207 millones frente a los 203 millones de 2016. Pero estaba haciéndose trampas en el solitario, con la connivencia de los concejales del gobierno municipal, y haciendo malabarismos para justificar la baja ejecución.
Hablar del capítulo de ingresos, refiriéndose a los derechos netos, significa que está contabilizando los recibos que emitirán en conceptos de IBI (84,7 millones) y de diversas tasas, que se pondrán al cobro precisamente en el segundo semestre del año, y no a 30 de junio de 2017.
Y como ejemplo de la trampa es el resultado del año 2016. Los derechos netos por cobro del IBI preveían 80,6 millones de euros, y la recaudación líquida por ese concepto a 31 de diciembre fue de 61 millones de euros. Por más que se retuerzan las cifras, la realidad se acaba imponiendo.
El grado de satisfacción del equipo de gobierno municipal lo resumió el alcalde, que es al mismo tiempo el concejal de Economía y Hacienda, cuando al final del debate sobre el estado de ejecución presupuestaria intervino diciendo que la capacidad económica del Ayuntamiento era extraordinaria, y que Las Palmas de Gran Canaria era la segunda ciudad de España más saneada, por detrás de Bilbao.
Me pregunto de qué le sirve al ciudadano que la capacidad económica municipal sea extraordinaria y su economía muy saneada, si el Ayuntamiento paga a 90 días (89,29 según el Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2016), y la ley dice que tiene que pagar en 30 días.
Sería muy interesante que el alcalde le explicara a la empresa Constructia Obras e Ingeniería, a la que el año pasado se le adjudicó por 1,8 millones de euros la construcción de las 23 viviendas del Área de Renovación y Regeneración Urbana de Tamaraceite - obras que comenzaron en noviembre pasado y que suspendieron en abril por falta de pago del Ayuntamiento - porque no les pagó teniendo 155 millones de tesorería en los bancos a 30 de junio pasado.
Me da la impresión que lo de las 23 viviendas de Tamaraceite ha sido algo parecido a lo que pasó en las obras de la carretera de Tafira, cuando la empresa Acciona retiró a todo el personal y paro la obra por falta de pago. Creo que el problema es principalmente de la concejalía de Urbanismo además de la de Economía y Hacienda.
La situación es muy preocupante, no ya por el desaguisado que le ocasionan a las pequeñas y medianas empresas, suministradoras de materiales, equipos y servicios al Ayuntamiento, sino por las declaraciones del concejal de Urbanismo, Javier Doreste al que, cuando le preguntaron qué pasaba con las obras paradas de las 23 viviendas, dijo que había que buscar empresas con “músculo financiero”, dando por sentado que las pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad económica para aguantar los largos plazos de pago del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no deben concursar. Constructia Obras e Ingeniería es una sociedad limitada con un capital social de 100.000 euros.
Volviendo al principio, si la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fuera una empresa, y el pleno de la corporación su consejo de administración, el viernes 29 de septiembre el coordinador (accidental) de Economía y Hacienda se habría llevado una reprimenda – por retorcer los números – y el alcalde, como responsable Economía y Hacienda, se habría llevado un tirón de orejas.
Al concejal de Urbanismo, en esa supuesta reunión del consejo de administración de la ciudad, algún consejero (concejal) del grupo de gobierno le habría regalado un esparadrapo y el título de “bocazas del reino”. Hay que recordar que el citado concejal es miembro de Las Palmas de Gran Canaria Puede y afiliado a Podemos y que, supuestamente, debería defender con uñas y dientes a las pequeñas y medianas empresas.
Eusebio Bautista Vizcaíno
Ex-concejal de Las Palmas de Gran Canaria
