El Delegado de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, denunciado en la Fiscalía Anticorrupción

El pasado jueves 20 de abril, la ‘Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción’ presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife una denuncia por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro de malversación de caudales públicos, concretados en la elaboración y aprobación provisional del Plan Especial del Frente de Playa de Las Teresitas.

LOS DENUNCIADOS. Los denunciados son los consejeros del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño Zurita, Dámaso Arteaga Suárez, Verónica Meseguer del Pino, José Alberto Díaz Estébanez de León y Óscar García González, así como los técnicos municipales y de la entidad Gestur S.A. que han participado en la elaboración del citado Plan Especial y todas aquellas personas que pudieran resultar responsables, tal como informaron en rueda de prensa, celebrada el viernes 21,los miembros de la plataforma denunciante Lola Rebrow, Ramón Afonso, Carmen Rosa Santos y Cándido Quintana.

EL ‘MAMOTRETO’ Y SUS DEFENSORES. Remontándose a la sentencia del ‘mamotreto’, por cuya construcción ilegal fueron condenados a diversas penas de prisión concejales y funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los portavoces de la Plataforma recordaron que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desoído reiteradamente los oficios del Juzgado que ordenan la inmediata y total demolición del inconcluso edificio de aparcamientos y locales comerciales.

En esta actitud de oposición a la sentencia ha tenido un papel destacado el concejal delegado de Urbanismo y director de la Gerencia de Urbanismo, Carlos Garcinuño Zurita, que ha sido el principal promotor de la aprobación de un plan urbanístico de la playa, que recoge el edificio cuya demolición exige la Ley.

Efectivamente, a instancias de Garcinuño, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en sesión extraordinaria y urgente celebrada la víspera de Reyes del presente año, aprobó inicialmente dicho Plan. Los denunciados son los miembros titulares o suplentes del Consejo Rector que votaron a favor del documento, elaborado por la entidad GESTUR S.A., a pesar de que la Dirección General de la Costas había emitido, con fecha de 21 de diciembre de 2016, un informe sobre este Plan Especial, que literalmente señalaba:

“La edificación de uso terciario-comercial propuesta invade la servidumbre de protección, observándose que bajo rasante se propone una construcción de aparcamientos, siendo ambos usos incompatibles con la normativa sectorial de costas, de acuerdo con lo regulado en los arts. 25.2 de la Ley de Costas y 47.1

del TGC. En consecuencia dichas edificaciones deberán localizarse fuera de la servidumbre de protección”.

El informe de Costas señalaba otros aspectos sobre dotaciones de uso deportivo y otras, que tampoco fueron tenidos en cuenta en la aprobación inicial del Plan.

CONFUSIÓN INTENCIONADA. Pero quizá la principal infracción a que se refirieron los denunciantes sea la intencionada confusión legal sobre la propiedad del terreno donde se va a realizar el plan especial de ordenación: el frente de playa de Las Teresitas. Y eso porque no se ha considerado, a la hora de aprobar inicialmente el proyecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2007, que anuló, por ser contrario a derecho, el contrato de compraventa entre el Ayuntamiento y la empresa Inversiones Las Teresitas S. L., por el cual la corporación municipal adquirió el citado frente de playa. Lo que se conoce como “un pelotazo de libro”, por el que han sido juzgados y están pendientes de sentencia una docena de inculpados, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo y los dueños de Inversiones las Teresitas, Antonio Plasencia e Ignacio Rodríguez.

Tras la sentencia del Supremo –concluyen los demandantes– el frente de playa dejó de ser propiedad municipal, lo cual conocen desde el año 2007 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Gerencia de Urbanismo, que fueron demandados en el recurso contencioso administrativo que dio lugar al fallo del Supremo.

DINERO PÚBLICO PARA LA EMPRESA PRIVADA. Sin embargo, a pesar de lo dictaminado por aquella sentencia, el Plan Especial de Ordenación del Frente de Playa de Las Teresitas no sólo promueve de manera ilegal el mantenimiento del edificio de aparcamientos sino que, “con el deseo de beneficiar a la empresa Inversiones Las Teresitas S. L., ignora que esa entidad mercantil, de resulta de aquella sentencia, vuelve a ser desde el año 2007 la propietaria mayoritaria de los terrenos en ese ámbito. La única finalidad que se persigue para no reconocer esta realidad es la de derivar la totalidad del coste de la urbanización al Ayuntamiento, exonerando de esta contribución económica a la entidad privada”.

Y no es pequeño ese coste. El estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica del Plan Especial fija la cuantía del mismo en 45 millones 518 mil 245 euros, que serán asumidos en su totalidad por el corporación municipal. Los denunciantes apostillan:

“Lógicamente este compromiso financiero no sólo es inasumible por el Ayuntamiento desde el punto de vista legal, sino que dejará al consistorio en una situación de quiebra financiera, incumpliendo cuantos requerimientos normativos vengan exigidos por la normativa estatal de estabilidad presupuestaria”.

El informe de viabilidad económica trata de salvar esta situación –al menos sobre el papel–, afirmando que parte de la inversión municipal se recuperará con la venta de las parcelas hotelera y comercial previstas en el plan, no teniendo en cuenta que la mayor parte de dichas parcelas corresponden a los propietarios del frente de la playa. Los denunciantes lo dejan muy claro:

“Por este motivo el acuerdo de la COTMAC de 30 de noviembre de 2016 indica, tras constatar que existe una clara divergencia en cuanto a la titularidad de los terrenos entre lo establecido en el Plan Especial y lo señalado en la citada sentencia del Tribunal Supremo que ‘una vez aclarada la titularidad de los terrenos, se debe reflejar en las alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, y en las determinaciones de ordenación afectadas’. A

pesar de ello y con grave daño para el erario municipal, los denunciados votan a favor de lo previsto en el Plan Especial”.

OTRA CHAPUZA ILEGAL. Por último, en cuanto al trámite seguido para la aprobación inicial del Plan los denunciantes consideran que se vulneró la legalidad al realizar dicha función el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en lugar del pleno de la corporación municipal, tal como se establece en el apartado 2 del artículo 43 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprobó el texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

CONCLUSIÓN. Basándose en todos estos hechos la ‘Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción’ considera –y así lo ha hecho constar ante la Fiscalía Anticorrupción– que los denunciados pudieron haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio, previsto en el artículo 320 del Código Penal, y en otro de malversación de caudales públicos, previsto en el 432 del mismo texto legal, significando que el perjuicio causado excede, con mucho la cantidad de 250.000 euros.