En un cotradictorio y disparatado comunicado, la UGT cree que un impuesto a los azucarados esconde favorecer a los empresarios
UGT ha expresado hoy su sospecha de que, tras el impuesto a las bebidas azucaradas y la bollería industrial que estudia instaurar el Gobierno canario en las islas, se esconde, en realidad, la intención de establecer nuevas medidas fiscales para "favorecer a los empresarios".
En un comunicado, la organización sindical sitúa, entre ellas, la disminución del IGIC turístico, una reivindicación histórica de las patronales del sector.
El secretario general de la UGT en Canarias, Gustavo Santana, entiende que "gravar los refrescos y la bollería podría buscar compensar el descenso en la recaudación que provocarían las mejoras fiscales para los empresarios".
La central sindical recuerda que el actual IGIC no ha impedido que Canarias continúe batiendo récord de ocupación y supere, año tras año, todas las expectativas, aunque "lamentablemente" esa dinámica no ha tenido "un efecto directo en el empleo o en la mejora de las condiciones laborales, pero si en los casos de explotación".
Santana considera que "la medida anunciada por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), solo tiene un afán recaudatorio, ya que no va acompañado de otras políticas para la promoción de la salud".
Asimismo añade que "no hay mejor política sanitaria, y que luche directamente contra la malnutrición, que un plan eficaz de empleo y la garantía en las empresas de que se cumplen los convenios colectivos".
En su opinión, el Gobierno canario se oculta tras la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones para justificar una medida "meramente económica", dentro de un plan elaborado para favorecer a los empresarios.
"Las clases trabajadoras son las grandes perjudicadas de toda la política fiscal del Ejecutivo y auguramos que esta medida no tendrá efecto alguno sobre la salud de los canarios", subraya Santana.
El secretario general de UGT recuerda que el Gobierno canario se prometió acometer una reforma fiscal que se negociaría con los sindicatos y con el resto de actores implicados, y que el posible nuevo impuesto ni siquiera se ha consultado, lo que, a su juicio, "supone una nueva falta de respecto a los representantes legítimos de los trabajadores".
