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El Gobierno será “inflexible” ante cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de las personas mayores

Canarias Noticias - 15/05/2017
Hombre mayor

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha llevado a cabo todas las medidas de procedimiento administrativo necesarias ante la situación del centro denominado 'Sor María de Jesús' que de forma irregular atendía a personas mayores en el municipio de Güimar. Según explica el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, “desde que el nuevo equipo tuvo conocimiento de la situación totalmente irregular del centro 'Sor María de Jesús' se tomaron las medidas administrativas necesarias hasta culminar con la orden de incoación de su cierre cautelar”

No vamos a permitir la existencia en Canarias de centros piratas en los que prima no es el bienestar de estas personas sino hacer negocio con ellas”, sentencia Candil

Nuestra labor es velar por el bienestar de nuestros mayores; por eso, seremos inflexibles y, desde luego, no vamos a permitir la existencia de centros piratas en los que lo que prima no es el bienestar de las personas sino hacer negocio con ellas”, afirma con contundencia Candil, quien califica de “lamentable” que existan personas que solo vean “un negocio en este tipo de centros, sin respetar la legislación vigente ni mucho menos procurar una correcta atención de nuestros mayores”.

Con fecha 3 de mayo, se emite por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros, informe la incoaión de un procedimiento sancionador por la comisión de la infracción administrativa tipificada como muy grave en el apartado g del artículo 45 de la Ley 3/1996, de Participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.

Posteriormente, se emite Orden por la que se incoa expediente sancionador a la entidad gestora de este centro y se ordena la medida cautelar de cierre temporal del mencionado centro, en un plazo máximo de cinco días, a fin de que puedan reubicarse absolutamente a todos los usuarios- según informaciones, unas 17 personas mayores en ese momento- de forma correcta, expirando el plazo concedido el 17 de mayo.

Hay que aclarar que los responsables del centro rechazaron por dos veces la recepción de la notificación de la orden de cierre del centro.

Según manifiesta el viceconsejero de Políticas Sociales, desde el Gobierno se pondrán en marcha todas las medidas posibles para acabar con este tipo de situaciones, en coordinación y colaboración directa con todas las administraciones, incluyendo la Fiscalía. En este sentido, anuncia el estudio de firma de acuerdos con la Policía canaria para establecer convenios de colaboración con el fin de incrementar las inspecciones y el control de este tipo de instalaciones.

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