Podemos solicita la creación de una subcomisión de estudio sobre las irregularidades en Visocan

El Grupo Parlamentario Podemos pedirá la constitución de una subcomisión de estudio sobre las irregularidades detectadas en Visocan. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz, Noemí Santana, que ha afirmado “que esta empresa pública de viviendas está enviando órdenes de desahucio a familias sin recursos, a pesar de que el Gobierno se comprometió a no hacerlo”.

 Santana explica que Visocan no es un órgano competente para ejecutar los desahucios, “pero con este tipo de prácticas lo que hacen es coaccionar y amedrentar a los inquilinos para que paguen o reconozcan la deuda”. “Esto es una auténtica irregularidad en la gestión de la empresa pública de vivienda”.

 La portavoz también ha comentado que la intención es que pasen por esa subcomisión de estudio los responsables políticos actuales, así como otros directivos que han estado al frente de Visocan “como el marido de Ana Oramas o José Manuel Soria, que autorizó la inversión de Viscoan en fondos swaps”.

Santana además ha aprovechado para explicarle a las afectadas la PNL que defenderá en el próximo pleno, y que supone un Plan Integral de Vivienda en el que pide que se adopten medidas reales para el fomento del alquiler, que se recupere la bolsa de viviendas, “así como que se penalice a los grandes tenedores de viviendas vacías y se desarrollen programas de vivienda pública de autoconstrucción”.

Por otro lado, plantea la creación de un Observatorio Canario de la Vivienda “que realice estudios sobre la situación en Canarias y la evolución de los precios”, que se pongan en marcha protocolos de intervención y acompañamiento social a los inquilinos de las viviendas públicas que lo requieran “y que el Gobierno promueva la reconversión de la promoción privada de Visocan, y otras promociones públicas desocupadas, a régimen público para alquiler social”.

“Desde el Gobierno de Canarias -añade- no se ha puesto en marcha ninguna medida que permita dar salida al gran parque de viviendas vacías existentes”. “Con esto no nos estamos refiriendo a las segundas viviendas que tienen las familias, sino a las casas que están vacías, que ascienden a unos 130.000 inmuebles según el Ejecutivo autonómico, y que deberían formar parte de un parque de alquiler privado o público de viviendas".