Los controladores aéreos no podrán hablar en español
El Gobierno de España prohibirá el uso del español en las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos de los aeropuertos con más de 50.000 movimientos internacionales anuales a través de una modificación del Reglamento de Circulación Aérea, estableciendo el inglés como idioma único.
La medida, que entrará en vigor el próximo 12 de octubre, cuenta con la oposición del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que explicaron su postura este lunes en rueda de prensa.
Ambas asociaciones denunciaron que la Dirección General de Aviación Civil, que les comunicó esta modificación, «se ha ido 40 años atrás, como poco» al haber «ignorado» sus recomendaciones y no haber «hecho caso de los estudios preliminares». Según el portavoz de Sepla, Agustín Guzmán, la medida «entrará en vigor sin tener en cuenta el criterio profesional de los dos colectivos implicados».
La norma surge de la transposición a la normativa española del Reglamento Europeo ‘Standardised European Rules of the Air’, que pretende homogeneizar los procedimientos de aviación en Europa. No obstante, las dos agrupaciones sindicales advirtieron de que en la Parte C de este reglamento se permite expresamente que los Estados miembro incluyan excepciones a dicha homogeneización.
De este modo, los países con idiomas avalados por la Organización de Aviación Civil Internacional (entre los cuales se encuentra el español) podrían mantener su uso «en las situaciones que lo permitan». De hecho, tanto Sepla como USCA aseguraron que les consta que Francia y Portugal presentaron estas excepciones para poder usar su lengua nativa.
El secretario técnico de USCA, Luis Vidarte, señaló que «hablamos inglés a diario y lo seguiremos haciendo siempre que la situación lo requiera». Sin embargo, matizó que «pedimos flexibilidad a la hora de elegir el idioma a usar, ya que somos nosotros los máximos responsables de la operación aérea».
Así, ambos sindicatos coincidieron en que esta norma es «una imprudencia», puesto que la seguridad aérea «es un tema complejo y las soluciones simples como esta no darán resultado». Asimismo, señalaron que existe una «falta de voluntad política para solucionar este problema».
