Los 4 grandes municipios de Canarias reclaman una mayor implicación a los Gobiernos Autonómico y Estatal en política social

La segunda mesa de trabajo de Servicios Sociales de las cuatro grandes ciudades de Canarias formada por Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde han acordado reunirse antes de que acabe el año con la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias para proponerle celeridad en la presentación de la Nueva Ley de Servicios Sociales y una mayor implicación en políticas de Empleo y Vivienda.

También trasladarán al Ejecutivo autonómico una mejora de la ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para poder cumplir con el objetivo de la reinserción final, más vinculada con la creación de empleo, con una mayor implicación del Servicio Canario de Empleo, la puesta en marcha de una Ley de atención a Barrios con especial vulnerabilidad, así como una modificación del Plan Concertado de prestaciones básicas de Servicios Sociales, reconociendo un carácter plurinanual y adecuando su dotación en base al aumento de la población.

Así se ha decidido en la reunión que han mantenido hoy en el Ayuntamiento de La capital grancanaria, el concejal de Cohesión Social e Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, la concejala de Bienestar Social de La Laguna, Flora Marrero; el concejal de Acción Social y Desarrollo Humano de Telde, Diego Ojeda, el concejal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Oscar García, y en la que también estuvo presente al inicio el Alcalde Augusto Hidalgo.

Entre las principales conclusiones se precisó que las políticas sociales se deben trabajar de manera más transversal, es decir, los problemas de bienestar social no son exclusivos del área social, sino que deben ser competencia de otras Concejalías de los ayuntamientos como vivienda, sanidad, educación e incluso deportes.

Otro de los temas que se valoró fue instar a los Cabildos a que apoyen en materia de vivienda y política social la atención que prestan los Ayuntamientos a las personas sin hogar, los representantes de los cuatro municipios también acordaron tener una mayor presencia en la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La próxima reunión, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, tendrá lugar el próximo mes de enero.

El concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, afirmó que “nos hemos convertido en un parachoques de otras administraciones como el Gobierno de Canarias, evitando que las problemáticas sociales sean mucho mayores, precisamente por eso necesitamos más implicación del gobierno regional en asuntos trascendentales como el empleo o la vivienda para que las personas consigan una plena reinserción, algo que permitiría liberar a los trabajadores sociales para que se puedan dedicar más a su labor de prevención e intervención”.

Por su parte, Diego Ojeda, de Telde, precisó “nos parece importante plantear la posibilidad de crear una Ley de atención a Barrios con especial vulnerabilidad para poder actuar desde una perspectiva integral, dotando a diversas zonas de acciones sociales y creando equipamientos sociales, educativos, culturales y deportivos, algo que nosotros ya estamos afrontando en el barrio de Jinámar”.

El concejal Oscar García consideró que “vamos a trasladar al Gobierno de Canarias la problemática de la vivienda, ya que se ha convertido en una de las mayores demandas que nos trasladan los beneficiarios de los servicios sociales. Otro de los ejes fundamentales para dar mejor calidad de vida y esperanza a las personas con difícil inserción social es el empleo que de autonomía a las familias, precisamente por eso necesitamos que la PCI esté más vinculada al empleo”.

La concejala Flora Marrero, recordó por su parte la importancia de que la política social sea transversal, asegurando que “exigimos que Cohesión Social tenga un carácter transversal, los problemas que afectan a las personas no deben ser solucionados de forma exclusiva por los servcios sociales. Coincido con mis compañeros en la importancia de revisar la PCI ya que no estamos consiguiendo el objetivo final de la reinserción y la implicación del Gobierno regional para poder resolver problemas que tienen los ciudadanos relacionados con el empleo y la vivienda”.