Canarias reforzará con 2,9 millones la lucha contra el fraude fiscal

El Gobierno canario invertirá 2,9 millones de euros en reforzar la lucha contra el fraude fiscal, mediante la implantación de un nuevo sistema de información para combatir las actividades fraudulentas.

La portavoz del Consejo de Gobierno, Rosa Dávila, ha informado en una rueda de prensa tras la sesión de hoy que se ha autorizado un gasto plurianual de 2,9 millones de euros para la contratación, mediante procedimiento abierto, de un servicio de consultoría estratégica para la implantación de un nuevo sistema de información para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Dávila ha explicado que dentro de las funciones de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) se encuentra hacer efectivo "el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma".

La portavoz del Gobierno regional ha explicado que hasta la fecha, la ATC ha venido realizando esta función mediante el cruce de los datos disponibles relativos a los contribuyentes de forma manual mediante el uso de productos de microinformática personal, es decir, con la utilización de hojas de cálculo tipo Excel y bases de datos tipo Access.

Esta escasez de medios para hacer frente a la cada vez mayor complejidad en la realización de actividades fraudulentas justifica, a juicio del Gobierno, la necesidad de que la ATC además de disponer de herramientas o productos de software para la obtención de métricas, patrones o tendencias de comportamiento indicativos de posibles conductas fraudulentas, incorpore los sistemas de información necesarios que contribuyan a la implantación de una estrategia de lucha contra el fraude y conformen un tratamiento integral del mismo.

En el Presupuesto de la ATC para 2017 figura un proyecto de inversión denominado "Lucha contra el fraude fiscal", con cargo al cual la Agencia se ha dotado de las licencias necesarias para el uso de herramientas de software con el fin de combatir eficazmente el fraude tributario.

El presupuesto máximo de licitación para la implantación del nuevo sistema de lucha contra el fraude fiscal asciende a 2,9 millones euros, con la siguiente distribución de anualidades: 145.000 euros en 2017, 1.450.000 en 2018 y 1.305.000 en 2019.