La Justicia obliga al Tribunal de Contratos a revisar la licitación de RTVC

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la decisión del Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma de abstenerse de examinar la licitación de los servicios informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y le ha ordenado revisarla y fallar lo que entienda oportuno.

En un auto que no prejuzga el fondo del asunto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC estima que beneficia a los licitadores y a la propia RTVC que el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma analice la legalidad de las condiciones de esa adjudicación, valorada en 144 millones de euros, entre otras cosas para evitar que incurra en causa de suspensión automática por un tiempo indefinido si el asunto llega directamente a la Justicia.

El TSJC acepta así, en parte, un recurso interpuesto por Videreport, actual responsable de los informativos de RTVC, contra la decisión del Tribunal de Contratos (órgano dependiente del Gobierno canario) de no revisar esa licitación, al entender que carece de competencias de control sobre la tele autonómica.

La Sala de lo Contencioso Administrativo resalta que el Tribunal de Contratos parece señalar al Parlamento como posible responsable de fiscalizar las adjudicaciones RTVC; pero recuerda que, a su vez, los servicios jurídicos del Legislativo han determinado que "no existen razones jurídicas para sostener" que las decisiones del ente público "dependen o están vinculadas" a la Cámara autonómica.

"En otras palabras: El Parlamento sostiene también su falta de competencia para decidir sobre esta clase de recursos", resume.

El TSJC subraya que esa doble inhibición puede generar "un poder adjudicador sin control, fiscalización o supervisión jurídica en vía administrativa", lo que dejaría reducidos a "una "mera ilusión" los mecanismos de supervisión previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, "al no asumir ningún órgano de los posibles la competencia para resolver".

Los magistrados consideran que en este caso deben tomar una decisión cautelar, porque "los riesgos son notorios, dada la cuantía del contrato", y porque existe un interés general en juego, como es el de que el servicio de informativos de RTVC se preste.

"Pero por encima de eso", añaden, "se debe considerar que en todo contrato público "hay que garantizar al máximo los principios de concurrencia, transparencia y eficacia", lo que no sería posible "si no hay quien supervise al que está actuando como poder adjudicador".

Desde su punto de vista, el interés público en liza en este caso obliga a tomar "una decisión inmediata", para no "consagrar tras el peregrinaje administrativo un peregrinaje judicial que posibilite que una contratación se desarrolle sin control de ningún tipo".

En consecuencia, suspende la decisión del Tribunal de Contratos, le impone revisar la licitación y le ordena que "se pronuncie" sobre el litigio abierto al respecto, sin prejuzgar cuál ha de ser su decisión.