Lanzan una macrooperación en Cataluña por presunto desvío masivo de fondos para financiar el 'procés'
Están previstas unas 30 detenciones y el registro de la Diputación de Barcelona y varias sedes de la Generalitat, entre otras entidades.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación, denominada Operación Estela, que ha arrancado a primera hora de la mañana de este jueves en Cataluña. Se investiga el desvío de 10 millones de euros de subvenciones destinadas a proyectos de cooperaciónpara países en desarrollo que finalmente se habrían destinado a financiar el proceso independentista catalán.
En esta operación en la que están participando más de 500 agentes de policía, algunos de ellos desplazados desde fuera de Cataluña, está prevista la detención de hasta 30 personas. Una de ellas sería el actual diputado del Parlamento catalán Francesc de Dalmases, de Junts per Catalunya (partido del expresidente Carles Puigdemont y del actual presidente Quim Torra).
Dalmases, aforado por pertenecer a la Cámara catalana, es miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, de la Asociación IGMAN, y de la junta directiva de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente reconocidas (FOCIR, sucesora de Diplocat en la difusión exterior del proceso catalán), director de la fundación Catmon y de las revistas ONGC y Catalan Internacional View. El dinero de las subvenciones circularía de manera anómala entre varias de las organizaciones sin ánimo de lucro a las que está vinculado el parlamentario para acabar finalmente sufragando gastos del proceso independentista.
Registros en instituciones públicas y domicilios privados
Se están llevando a cabo registros en viviendas, despachos profesionales e instituciones de Barcelona, Tarragona, Gerona y Reus, entre otros municipios. Una de las instituciones en las que se estarían centrando es la Diputación de Barcelona, quien habría otorgado un mayor número de subvenciones que habrían sido desviadas. También varias sedes de la Generalitat de Catalunya están siendo objeto de los registros.
La treintena de imputados están acusados de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.
El dinero así defraudado habría acabado en organismos del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Omnium Cultural y los Comités en Defensa de la República (CDR) y el centro de la trama la ocuparía la Fundación Catmon, dirigida por el diputado Dalmases.
