Los Realejos gestionará las solicitudes de ayudas a sus pensionistas emigrantes retornados canario-venezolanos

El Ayuntamiento de Los Realejos someterá a aprobación en la próxima sesión plenaria local el convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para recibir y dar trámite a las solicitudes de ayudas económicas transitorias que presenten los pensionistas canario-venezolanos retornados a la comunidad autónoma y que abona el ejecutivo regional.

Según el Estatuto de Autonomía de Canarias y las Leyes Generales del Estado, “gozan de la condición política de canarios los ciudadanos españoles con vecindad aministrativa en cualquiera de los municipios de Canarias”, pero añade que “como canarios, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Canarias y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España, así como sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan”.

Explica la concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, que “con este convenio, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias materializan las actuaciones de gestión de estas ayudas económicas, facilitando la tarea administrativa de su trámite como administración más cercana a la ciudadanía, dirigidas expresamente a esos canarios retornados que actualmente no perciben su pensión de jubilación por parte del Estado venezolano aún teniendo este derecho adquirido”.

A partir de este convenio, será requisito necesario que las solicitudes de estas ayudas se presenten por los interesados en el Ayuntamiento del municipio de residencia permanente. El consistorio debe, por tanto, prestar asesoramiento a las personas interesadas en el reconocimiento de esta ayuda económica transitoria, recepcionar, registrar y valorar las solicitudes, evaluarlas y verificar los requisitos de los solicitantes (edad, emigrante retornado, empadronamiento, residencia permanente en Canarias, sin recursos económicos suficientes y con derecho reconocido a la pensión de jubiliación en Venezuela) y remitirlas a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias.

A partir del día siguiente a la suscripción del presente convenio, el Ayuntamiento deberá abrir el plazo de solicitudes cuya finalización será el 1 de octubre de 2018, de acuerdo al modelo facilitado por el Gobierno de Canarias. A medida que se vayan presentando las solicitudes se procederá por el área municipal de Bienestar Social a valorar e informar las mismas, debiendo ser remitidas en el plazo de los veinte días naturales siguientes al ya citado departamento autonómico.

Según argumenta el propio convenio, “el principal problema al que se enfrentan los canarios retornados de Venezuela es el cobro de las pensiones generadas allí durante su vida laboral, amparadas por los Convenios Internacionales en materia de Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por ambos países, y por el específico Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado el 12 de mayo de 1988 y en vigor desde 1 de julio de 1990”.