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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Enrique Rosales (Cs): “La adjudicación del contrato de limpieza es un atropello más del equipo de gobierno (CC y PP) en Santa Cruz de Tenerife”

El grupo municipal exige al gobierno local “responsabilidad con la adjudicación del contrato de limpieza”, ya que “es uno de los más importantes del municipio”

Canarias Noticias - 03/10/2018

“La adjudicación del contrato de limpieza es un atropello más del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC y PP)”. Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el portavoz municipal de Cs en la corporación santacrucera, Enrique Rosales, quien ha estado acompañado además por los concejales de Cs, Antonio Blanco y Evelyn Alonso.

En este sentido, ha explicado que “no se está hablando de cualquier contrato”, sino que “es uno de los más importantes del municipio”, ya que supone “una inversión de 142,2 millones en los próximos diez años, unos 17,8 anuales”.

La limpieza es un tema bastante importante para que el contrato se otorgue a la ligera e incumpliendo supuestamente la ilegalidad”, puesto que “la mesa de contratación, presidida por el concejal del área, Dámaso Arteaga (CC), ha adjudicado el contrato, con informe negativo de los técnicos municipales, a una entidad cuya oferta ya hace presuponer que se va a incumplir con lo establecido”, ha añadido el portavoz municipal de Cs.

Por su parte, el concejal de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Blanco, ha explicado que “esta circunstancia y los previsibles incumplimientos hará que la corporación local tarde o temprano tenga que resolver el contrato”, y por tanto, que “el servicio de limpieza en el municipio vuelva a quedar en un limbo por no hacer bien las cosas desde el principio”.

 “Es una crónica de una muerte anunciada la adjudicación que se pretenden hacer a una empresa que no cumple con los parámetros establecidos en el concurso”, y además, ha añadido que “no se entiende esta decisión cuando los propios técnicos se han opuesto a la misma”.

Está claro que ni para Coalición Canaria, ni para el Partido Popular, la mejora y calidad de los servicios de limpieza no es una prioridad”, y eso que “es una de las principales preocupaciones de los chicharreros”, ya que “la ciudad está más sucia que nunca”.

En este sentido, Blanco ha recordado que “el consistorio ha incumplido la ley de contratos del sector público, porque recoge que una oferta tiene que ser excluida si presenta valores anormales o desproporcionados”, y en este caso, “no se ha hecho”.

Una vez más el gobierno local (CC y PP) ha mentido a los santacruceros”, ya que “hace un año aseguraron que la valoración económica era lo menos importante”, y que primarían “la calidad del servicio y las mejoras que se incluyesen en la oferta”, y sin embargo, “ha pasado todo lo contrario”.

Es decir, nacionalistas y populares han elegido una empresa que “no solo no mejora el servicio actual, sino que lo desmejora”, porque entre otros inconvenientes, contempla “80 trabajadores menos que la oferta mejora valorada; la adjudicataria presenta además los valores mínimos entre todas las ofertas del número de horas para el servicio de limpieza viaria; no argumenta nada en su oferta sobre la reposición de contenedores; etcétera”.

Por todos estos motivos, y porque “hay muchas dudas razonables en torno a los motivos por el que CC y PP han dado este contrato a Valoriza”, Ciudadanos ha reiterado que “preguntará por todas estas cuestiones al concejal responsable del área, Dámaso Alonso (CC), en la próxima comisión de control”, puesto que es fundamental primero que “la adjudicación se haga acorde a la legalidad”, y segundo que “se garantice la calidad del servicio de limpieza”, porque “los chicharreros se merecen una ciudad limpia, y no una pocilga”.

Por último, el grupo municipal Ciudadanos (Cs) ha exigido al gobierno local “responsabilidad con la adjudicación del contrato de limpieza de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más importantes del consistorio”, ya que “la adjudicación que ha anunciado la mesa puede ser temeraria y contraria a derecho”, al hacerse “en contra del informe emitido por los técnicos municipales”.

 

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