USPES denuncia los vertidos de aguas residuales no autorizados identificados en El Sauzal

Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES) denunció en la mañana de este miércoles, 17 de octubre, los vertidos no autorizados de aguas residuales sin depurar en el municipio de El Sauzal que ha podido localizar desde hace dos semanas con ayuda de distintas personas residentes en el municipio.

Los concejales de USPES, Sonia Beltrán de Guevara y Miguel Ángel Pérez Domínguez, presentaron esta mañana las denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y la Oficina de Protección del Medio Natural, por diferentes presuntos delitos e infracciones entre los que se señalan los de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y distintas actuaciones contra el medioambiente, que implican a los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de El Sauzal además de la empresa mercantil Canaragua, por ser la encargada de la gestión del servicio integral del agua en el municipio.

“Vamos a por todas. USPES ha presentado denuncias en todos los ámbitos competentes, tanto desde el punto de vista administrativo como penal. Todo parece indicar que es una situación continuada en el tiempo, no es puntual. Nuestro objetivo es paralizar los vertidos y que las personas implicadas cumplan con sus responsabilidades”, explicó Beltrán en la rueda de prensa en la que USPES dio a conocer su iniciativa.  

“No podíamos esperar más tiempo para presentar estos hechos; no sabemos qué más denuncias pueden plantearse, nos han llegado más informaciones sobre otras dos zonas del municipio que no hemos podido comprobar in situ todavía, pero teníamos que dar ya este paso”, añadió la concejala al señalar que, al descubrimiento del primer vertido, el de la Urbanización La Baranda en el barranco de Hoya Las Limeras, le sigue el de la Urbanización La Primavera, descubierto posteriormente.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez subrayó la contradicción entre esta situación producto de la mala gestión del saneamiento con la prórroga de la contratación de la gestión del servicio integral del agua con Canaragua que el gobierno del Ayuntamiento de El Sauzal “se ha permitido el lujo de ampliar hasta 2030 antes de cumplirse el plazo de adjudicación, que caducaba en 2019”. Por este motivo, “USPES, como colectivo, junto a la ciudadanía de El Sauzal, nos planteamos sumar estas denuncias al listado de graves incumplimientos de una empresa nada ejemplar, con el objetivo de paralizar o no consolidar la concesión para la prestación del servicio de gestión integral del agua a Canaragua”, dijo.

La concejala detalló que se trata de tres bloques de infracciones, relativas a incumplimientos de la normativa sobre depuración de agua y tratamiento de aguas residuales –con incumplimientos incluso de una directiva comunitaria de la Unión Europea–, infracciones de la normativa en materia de espacios naturales protegidos y de las normativas sobre Protección del cauce público y de la Ley de Aguas de Canarias.

USPES plantea a la Fiscalía de Medio Ambiente que estudie la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa, sobre el que hay sentada jurisprudencia relativa a la prevaricación por omisión, al no haber supervisado el Ayuntamiento el servicio prestado por la empresa concesionaria del servicio. Por otra parte, la confluencia municipalista indica el presunto delito de malversación de caudales públicos, al no darse “un uso adecuado al dinero que todas y todos los contribuyentes pagan a través de las facturas para todo el servicio integral del agua, que incluye el saneamiento”, según figura en el texto de la denuncia.

Finalmente, se plantea a la Fiscalía presuntos delitos contra el Medio Ambiente, al no cumplir el Ayuntamiento la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, según establece el artículo 45 de la Constitución Española, que garantiza a la ciudadanía el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Asimismo, entre este último bloque de presuntos delitos se apunta que el propio Plan Hidrológico de Tenerife reconoce que en El Sauzal se está incumpliendo la directiva europea en la materia, al no disponer de una red de alcantarillado adecuada para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el municipio, que no se tratan con los sistemas previstos para alcanzar los objetivos establecidos por la Unión Europea, y al no derivarse los vertidos denunciados hacia estación de bombeo alguna, sino que son vertidos sin depurar a barrancos protegidos.

Las denuncias presentadas ante la Oficina de Protección del Medio Natural y el CIATF apuntan a responsabilidades administrativas de las autoridades y técnicos del Ayuntamiento de El Sauzal, así como Canaragua, por vertidos no autorizados de aguas residuales en cauces públicos de barrancos, definidos en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) como áreas de protección ambiental, mientras que, específicamente, las aguas procedentes de la urbanización La Primavera se vierten en el Espacio Natural Protegido Costa Acentejo.

De esta manera, USPES entiende que estos vertidos no autorizados incumplen la normativa sobre protección del cauce público, la normativa en materia de espacios naturales protegidos la Ley de Aguas de Canarias y la normativa sobre depuración y tratamiento de aguas residuales, por lo que pide al CIATF la apertura de un expediente sancionador.