El protocolo para agresiones a docentes se aplicó 19 veces entre 2009 y 2017

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha indicado que desde diciembre de 2009 hasta el mismo mes de 2017 se aplicó en 19 ocasiones el protocolo de actuación por agresiones a docentes, según ha informado este lunes el sindicato CCOO.

Tras una reunión de la comisión técnica de la mesa sectorial de Educación en cuyo el orden del día figuraba el anteproyecto de orden que renovará la vigente sobre este asunto, CCOO ha mostrado su apoyo a que se regule la protección jurídica y psicológica del profesorado.

En una nota el sindicato ha destacado que llevan negociando más de un año y "no se ha sabido nada desde entonces".

"Desconocemos qué ha ocurrido para que este tiempo se haya perdido, pero parece que para la Administración no era pertinente", ha opinado la organización sindical, que durante la reunión han propuesto la ampliación del ámbito de aplicación para que alcance todo lo relacionado directamente con la vida escolar y "no solo presencial" en el centro o en actividades extraescolares.

En relación con la asistencia jurídica, CCOO ha abogado por que se evite penalizar al docente en el caso de ejercer, por propia iniciativa, su derecho a defenderse y ser condenado en costas.

Con la redacción actual del borrador, el profesorado podría verse condicionado a no defenderse por temor a tener que asumir su coste, según el sindicato.

CCOO ha planteado también que no se excluya "en ningún caso" la prestacion de asistencia psicologica especializada por danños psicologicos derivados de conflictos entre el propio personal docente y no docente que preste sus servicios en la comunidad educativa.

También han exigido que la administración vele por la calidad de los servicios jurídicos y psicológicos que se van a prestar ya que debería haber, a juicio de Comisiones Obreras, una actuación "inmediata" por su parte "mucho más ágil" que la que está prevista aparentemente.

"Estamos de acuerdo con la elaboración de guías informativas, pero el esfuerzo principal de los servicios competentes debe dirigirse al fondo de la norma: asistencia jurídica y psicológica. Es necesario clarificar la función de la inspección educativa en este proceso", se añade en la nota.

CCOO ha concluido tras apuntar que es "muy importante" que se dé a conocer el alcance económico de la implantación de este anteproyecto y su concreción reglamentaria.