La caza de tesoros de buques naufragados tiene sus escollos

Hace pocos días, los organizadores de la expedición Neptuno publicaron un video acerca de sus intentos de sacar a la superficie lo que se cree que son obras del reconocido pintor marinista ruso Iván Aivazovski halladas a bordo del barco General Kotsebu, hundido hace más de un siglo frente a las costas de Crimea.

Si se confirman las suposiciones, se tratará de objetos de patronimio cultural, que a su vez son parte de los múltiples tesoros que todavía ocultan los mares y océanos de nuestro planeta.

Se estima que el mar esconde más de tres millones de naufragios ocurridos desde el amanecer de la navegación, pero que solo una pequeña proporción de ellos –unos 3.000, según algunas estimaciones– conservan tesoros tales como lingotes y monedas de oro o plata y otros objetos valiosos.

No es para nada asombroso que los naufragios atraigan a cazadores de tesoros. Incentivados por el beneficio personal, muchos de estos buceadores llegan incluso a poner bajo amenaza el patrimonio cultural de diversas naciones, tanto por sus métodos de recuperación de objetos de valor, como por su venta posterior en el mercado negro.

Ante esta circunstancia, decenas de países se han unido al marco legal propuesto por la UNESCO para la protección contra saqueos submarinos. Además, se han estado elaborando medidas 'in situ' contra los cazadores de tesoros. Así, por ejemplo, las autoridades de la ciudad croata de Cavtat instalaron hace años una jaula de metal para proteger la preciosa carga de un antiguo barco griego encallado en el fondo del Adriático.

Tesoros de la discordia

Dar con un tesoro submarino no garantiza enriquecerse. Lo esencial es determinar a quién pertenece, proceso propenso a implicar contratiempos legales.

Incluso, si alguien descubre un buque naufragado con oro y plata en su bodega y obtiene un permiso de las autoridades para recuperar la carga, siempre existe una posibilidad de que alguien lo haya encontrado antes.

Además, el valor de la carga puede acabar siendo menor que los costos de las operaciones para su recuperación.

Otro riesgo esencial que corren los cazadores de tesoros es la multitud de reclamantes que pueden emerger en cuanto se dé a conocer el descubrimiento.

El Galeón San José

Como muestra de lo anterior, la Justicia colombiana rechazó a finales del mes pasado la solicitud de anular el embargo –interpuesta por el Gobierno nacional– de los tesoros que guarda el Galeón San José, un barco español hundido por corsarios ingleses en el siglo XVIII y hallado a 600 metros de profundidad cerca de Cartagena de Indias.

El dictamen del Tribunal Superior de Barranquilla, en marzo pasado, dio respuesta a una apelación que presentó la compañía estadounidense Sea Search Armada (SSA), dedicada a la búsqueda de navíos, que reclama derechos sobre el 50 % de la carga. Esta demanda le había sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia del país suramericano el 5 de julio de 2007, al considerarla como descubridora de los posibles restos del galeón en 1982.

En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó sobre el resultado de lo que llamó "la expedición científica más importante de todos los tiempos". Se refería al hallazgo del galeón español, realizado por un equipo liderado por el estadounidense Roger Dooley, exempleado de la empresa SSA, quien ubicó el sitio exacto del naufragio guiándose por estudios realizados en su antiguo trabajo.

El galeón, que tenía 62 cañones y tres mástiles, fue hundido el 8 de junio de 1708 con un cargamento de oro, plata y esmeraldas en sus bodegas, durante una batalla de la Guerra de Sucesión española. El tesoro estaría cotizado en aproximadamente unos 17.000 millones de dólares.

Versiones históricas indican que, al momento de hundirse, el galeón transportaba la recaudación de impuestos oficiales y mercancías privadas de Perú. Así, aunque no se ha recuperado el barco, se especula que la carga se componía de lingotes de oro y plata, piedras preciosas, vasijas ancestrales, brazaletes de bronce, espadas y escudos.

Desde un principio, Colombia, España y SSA se disputaron la propiedad del cargamento.

'Nuestra Señora de las Mercedes'

Otra historia es la de la compañía estadounidense de exploración submarina Odyssey Marine Exploration (OME), que en 2007 anunció la recuperación, desde el fondo del Atlántico, de una carga de 17 toneladas de monedas de oro y plata, valoradas en unos 500 millones de dólares. El cargamento fue trasladado secretamente a Gibraltar, de donde fue transportado en aviones a Tampa (Florida, EE.UU.).

Las autoridades españoles solo supieron que el tesoro había sido trasladado cuando se reveló que un empleado de OME había llegado a acaparar acciones de la empresa un mes y medio antes de que se anunciara el hallazgo. Unos días después el precio de las acciones prácticamente se duplicó.

OME aseguró que no era posible establecer la nacionalidad ni el nombre del buque naufragado. El deterioro de las monedas no permitía estudiarlas detalladamente. Sin embargo, los expertos atraídos consiguieron datarlas en la segunda mitad del XVIII.

Madrid aseveró entonces que las monedas procedían de la fragata española 'Nuestra Señora de las Mercedes', hundida a comienzos del siglo XIX por una flota británica, frente al Algarve portugués, cuando transportaba su valioso cargamento de Suramérica a Cádiz (España).

Puesto que se trataba de un buque de guerra, su carga debía pertenecer a España, sin dependencia del lugar de descubrimiento. Por eso el Gobierno español presentó una demanda ante un tribunal de Tampa y este dictaminó en favor de Madrid.

Las varias apelaciones no sirvieron de nada a la empresa. OME insistía en que el buque fue hundido cuando realizaba un viaje comercial, dado que más del 70 % de las monedas halladas en su bodega nunca pertenecieron a la Corona sino que eran propiedad de mercaderes que habían pagado los costes del transporte. Sin embargo, el juez no cambió su decisión.

Tampoco fueron satisfechas las demandas del Gobierno peruano, que reclamó las monedas por haber sido acuñadas en metal extraído en una mina de ese país, ni las de los descendientes de los mercaderes propietarios de la carga.

Tras un prolongado proceso, el tesoro de la fragata española fue entregado a Madrid en febrero de 2012. Posteriormente fue cuestionada su cuantía.

La pérdida del proceso asestó un fuerte golpe financiero a OME, que había gastado en la expedición 2,6 millones de dólares y tuvo además que cubrir los gastos legales de España, por valor de 1 millón de dólares. A esto se sumaron daños reputacionales, ya que los inversores de la empresa habían perdido 123 millones de dólares para 2012.

La compañía se mantuvo a flote gracias a una asociación con el Gobierno británico, que permitió a OME seguir recuperando buques que habían navegado bajo bandera inglesa.

Formato jurídico

Los tesoros hundidos están regulados por la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, que prohíbe su recuperación con fines comerciales. El documento ha sido ratificado por 61 países, incluido España. Estados Unidos y el Reino Unido se encuentran entre los no firmantes.

La Convención, no obstante, permite trámites simplificados para sacar de las profundidades marinas aquellos bienes que constituyan patrimonio cultural y se encuentren bajo peligro inmediato.

Al mismo tiempo, el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (1989) estipula que si un tesoro es descubierto en aguas interiores de un país, esa nación se apropiará de los bienes y pagará recompensas a la entidad o personas que los hayan encontrado y recuperado. En caso de que esto suceda en aguas internacionales, son los propietarios del buque y los del cargamento naufragado los que tienen la prioridad. Los buceadores obtienen la carga solo si los propietarios no la reclaman o fracasan a la hora de probar sus derechos. Estas normas no se aplican a los buques de guerra, que siguen siendo propiedad del Estado respectivo.