El Gobierno plantea a los partidos una prórroga del Estado de Alarma de un mes

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está sondeando a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan "culminar" la desescalada, entre las que fuentes parlamentarias citan una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado este martes los contactos, que se limitan por el momento a una toma de contacto para explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación.

Finalmente, Ciudadanos y el PNV votaron a favor pero ERC votó en contra y el PP se abstuvo, aunque anunció que votaría en contra de la siguiente prórroga.

Según han explicado fuentes parlamentarias, una de las posibilidades que se han puesto sobre la mesa es la de votar una quinta prórroga del estado de alarma, que en esta ocasión se extendería un mes y no quince días como hasta ahora.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en más de una ocasión que el periodo de quince días no era obligado sino el elegido por el Ejecutivo para someter así cada prórroga al debate de los grupos cada dos semanas.

La Constitución no marca un periodo máximo en las prórrogas del estado de alarma, aunque sí cuando éste se decreta por primera vez, por un periodo máximo de quince días

El Ejecutivo acerca posturas con Ciudadanos

El Gobierno quiere que Ciudadanos se quede de forma permanente entre las formaciones políticas que le ayudan a conformar mayorías parlamentarias y así se lo ha transmitido al partido naranja, para que el entendimiento logrado en el contexto de la pandemia se extienda más allá, Presupuestos incluidos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Cs, Inés Arrimadas, han hablado este martes dentro del compromiso adquirido por el Ejecutivo para hacerse con el apoyo de ese partido a la prórroga del estado de alarma

Sánchez quiere que haya más prórrogas y por eso buscará afianzar ese apoyo de Arrimadas. Y no sólo para estas votaciones, como ha reconocido la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

Montero ha explicado tras el Consejo de Ministros que el Gobierno aspira a ampliar sus apoyos parlamentarios, particularmente ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y por eso celebran la disposición de Ciudadanos a seguir colaborando en distintas cuestiones.

Y del mismo modo en que ha insistido en que la prórroga del estado de alarma, que el Ejecutivo sigue defendiendo como el instrumento más "garantista" para luchar contra el coronavirus, necesita del mayor consenso posible, también lo requerirán otras leyes que están por venir, como la de los Presupuestos.

Por eso, espera que, "una vez superada esta sacudida" por la pandemia, los partidos "aparquen sus diferencias" y el Ejecutivo pueda contar no solo con los que le apoyaron en la investidura y ya están de forma "habitual" dialogando con la coalición sino también con las formaciones que tienen voluntad de llegar a acuerdos, "especialmente Ciudadanos".

Sánchez y Arrimadas han hablado este martes y, según han informado tanto desde la Moncloa como en Ciudadanos, ambos han constatado su disposición a seguir buscando acuerdos para salir de la crisis. El partido naranja ha dicho que "seguirá siendo exigente" con el Ejecutivo.

Y frente al acercamiento a Ciudadanos, el alejamiento del Gobierno con el PP, a quien Montero ha vuelto a reprochar que no quiera apoyar la prórroga del estado de alarma.

Es algo que "no tiene lógica ni sentido común" y se aleja del consenso internacional que entiende que es fundamental salir del confinamiento de una forma ordenada que permita prevenir la aparición de rebrotes, ha dicho la ministra.

Y ha insistido en que la forma más garantista es el estado de alarma, que requiere de la autorización del Congreso, cosa que no haría falta con la legislación ordinaria que exigen los populares.

"Si hay un mecanismo que permite que sean los grupos los que aprueben o denieguen el estado de alarma, ¿cómo puede ser que el principal partido de la oposición se niegue a utilizar ese instrumento?", se ha preguntado Montero.

Casado exige el fin del estado de alarma

Pero el líder de los populares, Pablo Casado, ha vuelto a reclamar el fin del estado de alarma por entender que el Gobierno lo utiliza a modo de "Gran Hermano" para limitar libertades y "coartar protestas".

Casado ha planteado un pacto de Estado por la sanidad que ha propuesto que se llame Plan Cajal y ha tachado de "partidista" la desescalada gestionada por el Ejecutivo. Además, ha conformado que su partido votará 'no' a una nueva prórroga.

Una desescalada en cuya primera fase no entró la Comunidad de Madrid, gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso, a quien Casado ha vuelto a defender.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que será el viernes por la tarde cuando se comunique a Madrid si logra salir de la fase 0 y comenzar la 1 el día 18 de mayo. Antes habrá el jueves una reunión bilateral con la administración sanitaria autonómica para conocer si cumplen los criterios exigidos para pasar.

Illa ha recalcado que la decisión se tomará tras una "valoración técnica" y teniendo en cuenta "criterios epidemiológicos" y el grado en que se cumplen los parámetros exigidos.

Se hará además, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en coordinación con la propia administración autonómica y bajo los criterios de "cogobernanza" comprometidos por el Gobierno.

Antes, en otro momento de la comparecencia, el ministro de Sanidad insistía en defender la forma en la que el Gobierno decidió qué territorios pasaban a la fase 1 y cuáles no.

Sanidad no aclara los informes

Y aunque ha repetido en varias ocasiones que los parámetros sobre los que se toman esas decisiones son "conocidos por todos", no ha querido confirmar si el Gobierno va a publicar los informes sobre cada comunidad.

Además, ha insistido en descartar que se den razones políticas en la decisión sobre unas u otras comunidades y ha subrayado que el Gobierno "no se puede permitir" decidir un fase según otros criterios que no sean los científicos.