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Coronavirus: información personal en manos del gobierno

Canarias Noticias - 24/06/2020

Hablemos de datos. El gobierno español ha aprobado un decreto que le permite rastrear más de 40 millones de teléfonos en España con el fin de recabar datos anónimos y agregados para un estudio de movilidad destinado a mejorar la gestión contra el coronavirus, evitar contagios y mejorar la distribución territorial de recursos sanitarios. Hasta aquí puede que no suene mal, pero resulta que esa directriz de anonimato y agregación de los datos no es tan sólida como en un principio se planteaba. Algunos expertos alertan de que, aunque se diga que esos datos se están transfiriendo en bruto, lo cierto que su identificación no resulta tan complicada. Los medios del estado y las entidades gubernamentales podrían, con los protocolos actuales, desanonimizar mucha de esa información utilizando otra información que tienen a su alcance a través de simples cruces de datos (por ejemplo, fiscales o tributarios).

 Este tipo de actuaciones no son exclusivas del gobierno español, un reciente estudio publicado en Estados Unidos por la compañía de seguridad ExpressVPN ha demostrado que el 84% de los encuestados están muy preocupados por el uso que su gobierno pueda hacer de los datos recabados.

 Además de los gobiernos, los principales responsables de este tipo de comportamientos —que por su carácter de emergencia no han contado ni con los procesos de aprobación normales ni con los consentimientos de los usuarios de las líneas monitorizadas— son las grandes operadoras telefónicas (Orange, Vodafone, Movistar, etc.). Estas compañías han dado acceso a las autoridades a muchos de nuestros datos y a algunas de nuestras ubicaciones. Recordemos que no sería la primera vez que se utilizaran de forma fraudulenta los datos recabados por una gran empresa de comunicación. Si no, revisemos al escándalo de Cambridge Analytica que usaba de forma ilícita la información personal de casi 90 millones de usuarios de Facebook.

 Si los protocolos de protección de datos, las garantías de uso lícito de la información y la claridad en los términos de aplicación de estos nuevos sistemas de vigilancia ciudadana diseñados para la lucha contra el Covid no se respetan o no cumplen los requisitos de seguridad necesarios, ¿quién puede garantizar que no se repetirán comportamientos parecidos a los escándalos anteriores o que no surgirán otros aún más graves? Hoy es el virus, pero, ¿cómo garantizar que para lo que se use esa información en el futuro no será otra cosa? ¿Cómo garantizarlo si no hay mecanismos de control del ejecutivo en este sentido, ni protocolos de actuación que garanticen de verdad la agregación, el anonimato de los datos y su concreción o limitación de uso?

 Surgen sospechas en cuanto a la utilización de esta información si tenemos en cuenta hechos como que no se estén publicando las conclusiones de estos estudios, que sea el gobierno central (y no las comunidades autónomas o las entidades locales) el que monopolice el uso de esos datos, o que no se haya prefijado un sistema de desactivación de los mencionados mecanismos de supervisión una vez finalizado el estado de alarma. ¿Por qué, si su aprobación y su puesta en práctica se basada en paliar un estado de emergencia, no se restringe su uso a ese periodo?

 Es por esto que la demanda de productos de seguridad, se ha disparado, el tráfico registrado en servidores VPN durante la pandemia se ha disparado en un 165% ante la percepción de los usuarios de la necesidad de proteger su privacidad.

 La visión de un Gran Hermano estatal que se vaya infiltrando sigilosamente aprovechando las brechas que proporciona el miedo y el ansia de seguridad —sentimientos que surgen en la población a raíz de situaciones de incertidumbre como una pandemia—  sobrevuela como un ave nocturna todas estas cuestiones. Si queremos evitar las posibilidades de abuso o eliminar las opciones de que estos sistemas de control y rastreo desemboquen en medidas de vigilancia totalitaria, debemos plantearnos una última y sencilla pregunta ¿quién vigila a quien vigila?

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