La vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales y Agenda 2030, encabezada por Pablo Iglesias, ignora en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a Canarias. La comunidad autónoma más golpeada por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus y sumida en una crisis migratoria sólo comparable a la de 2006, no cuenta en el proyecto de cuentas públicas para 2021 con la preceptiva partida de lucha contra la pobreza y la exclusión, tal y como establece la ley del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago. "El Gobierno de España consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional". "Esta dotación económica tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que en cada momento tenga la comunidad autónoma de Canarias para atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión".

Así reza el artículo 21 bis del Régimen Económico y Fiscal, reformado en noviembre de 2018, para promover la cohesión social de Canarias, habida cuenta de la elevada tasa de pobreza y exclusión social del archipiélago y atendiendo a su consideración de región ultraperiférica.

Ambas fuerzas no sólo denuncian el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago, también señalan el riesgo de arbitrariedad y amiguismo ideológico que se esconde tras unas cuentas faltas de precisión, en buena medida no finalistas, en las que el dinero se agrupa en rúbricas sin detallar a distribuir en función de la conveniencia política de Iglesias. Coalición Canaria demanda una dotación de 50 millones de euros para luchar contra la exclusión y la pobreza más otros 10 millones para atender a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Justifica esta última petición ante el desbordamiento de los centros de menores no acompañados que llegan diariamente a las islas, y pone como ejemplo las partidas específicas con las que sí cuentan Ceuta y Melilla, ciudades españolas fronterizas con Marruecos, para hacer frente a a esta situación.