La alcaldesa de Mogán insta a Escrivá a no incumplir la ley turística de Canarias financiando el alojamiento de migrantes en hoteles
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha remitido un escrito al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que pone de manifiesto el incumplimiento de la legislación turística y urbanística de Canarias que comete el departamento del Gobierno que este dirige al destinar fondos o subvenciones a organizaciónes que prestan servicios asistenciales a personas migrantes alojadas en los complejos hoteleros de Gran Canaria. La edil insta a Escrivá a tomar las medidas que estime necesarias para obedecer la ley y permitir que las zonas turísticas del municipio recuperen su actividad natural.
En la carta Bueno reconoce comprender la decisión que hace más de dos meses tomó el Ministerio de Migraciones de alojar a las personas migrantes en establecimientos turísticos, como solución de urgencia social, por no disponer en aquel momento el Estado de instalaciones públicas habilitadas para responder al incesante flujo de llegadas de pateras y cayucos a las costas de la isla. La alcaldesa señala que “lo que en unos primeros instantes se presentó como algo estrictamente provisional se ha convertido en una alternativa de acogimiento casi permanente” y que “la prolongación de estos hechos está suponiendo un obstáculo añadido y evidente a la ya de por sí débil recuperación de nuestros mercados turísticos emisores”.
El uso de los establecimientos alojativos turísticos como centros de acogida en la isla ha sido posible mediante autorización administrativa del propio ministro, un hecho que tal y como comtempla el artículo 23 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias no debería ser posible.
“Es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística, de alojamiento o complementaria, conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planeamiento, y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida” reza esta legislación que tiene por objetivo proteger el uso turístico de los establecimientos para mantener y mejorar la posición de Canarias como destino turístico de éxito y referencia. Unos argumentos que la edil moganera considera “con mayor razón aplicables en el contexto actual de crisis social, económica y turística que afecta al municipio a consencuencia de la pandemia por COVID-19”.
También La Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, defiende el deber de atenerse al uso turístico y califica este incumplimiento como infracción muy grave en su artículo 75.14. Lo mismo ocurre con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (artículo 372.3.b).
A este incumplimiento del uso turístico de los complejos de apartamentos y hoteles se suma que el Ministerio de Migraciones financia su actividad como centros de acogida de migrantes otorgando partidas económicas a las diferentes organizaciones que prestan asistencia a estas personas. El Estado podría verse obligado a anular estas subvenciones por incurrir el destino de las mismas en infracciones del ordenamiento jurídico, como reconoce la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Es decir, no se pueden conceder subvenciones para financiar centros de acogida de inmigrantes, que sean empleadas para contratar, de forma contraria a la Ley, un establecimiento turístico.
Debido a esto Onalia Bueno ha instado a Escrivá a verificar que las subvenciones o fondos que conceda se utilicen con pleno respeto a la legislación turística y urbanística de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cabe mencionar que la edil anunció a finales del pasado mes el 31 de diciembre como fecha límite para que los hoteles y complejos de apartamentos del municipio no continúen alojando a las personas migrantes que llegan a las costas de la isla y estas sean reubicadas en instalaciones debidamente acondicionadas del Estado.
La regidora de la Administración Local confía en la reactivación del turismo, sobre todo tras la entrada en vigor este mismo jueves del decreto del Gobierno de Canarias por el que se permite la entrada a las islas de los viajeros internacionales con test de antígenos dado que, como han manifestado los turoperadores, la demanda del Archipiélago como destino turístico puede incrementarse. Sin embargo, Bueno considera improbable una recuperación del sector si las instalaciones alojativas turísticas siguen desarrollando una actividad de centros de acogida.