PP-AV defiende la estricta y necesaria legalidad jurídica del Siam Park

El Grupo Político Agrupación de Vecinos PP-AV valora que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la legalidad del Plan de Modernización y Mejora de la competitividad turística (PMM) de El Veril y la construcción del Parque Acuático Siam Park de Maspalomas, por la falta de un informe vinculante del Consejo Insular de Aguas del Cabido, es una preocupante y muy mala noticia porque supone un freno importante a la inversión y ejecución de un proyecto que está destinado a contribuir al porvenir económico y social del municipio de San Bartolomé de Tirajana y de toda la isla de Gran Canaria.

Agrupación de Vecinos PP-AV también considera que la sentencia del TSJC pone en su sitio a los partidos del actual cuatripartito gobernante en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que a lo largo de la legislatura pasada y sobre todo durante la última campaña electoral utilizaron el argumento deliberado del retraso del parque acuático para desprestigiar con bulos y mentiras la gestión pública del gobierno municipal de Marco Aurelio Pérez y Agrupación de Vecinos PP-AV. “Desde el principio y en todo momento defendimos y advertimos ante la Familia Kieesling que la tramitación administrativa de su proyecto y su ulterior desarrollo con una inversión cercana a los 100 millones de euros debían ser exquisitas, para que no incurriera en ninguna inseguridad jurídica que pudiera torpedearlo”, recuerda la portavoz de PP-AV, Elena Álamo Vega.

Desde el primer momento Agrupación de Vecinos PP-AV ha apoyado el parque acuático previsto en el cauce del Barranco de El Cañizo, como un proyecto inversor ideal para la recuperación turística del terreno situado entre la Autopista y la urbanización de El Veril. Su concepción como una gran infraestructura de ocio alternativo y deportivo estaba destinada a incrementar la competitividad de Maspalomas y proyectar la Isla como un destino vacacional de primer nivel. No obstante, ese apoyo político e institucional de PP-AV al Siam Park de Maspalomas siempre se supeditó a la defensa y la observancia y estricto cumplimiento de la legalidad administrativa por parte del Ayuntamiento y de los promotores, no sólo para evitar que el proyecto pudiera resultar denunciado y paralizado en cualquier momento y la inversión perjudicada, sino también para evitar que los inversores pudiesen instigar una posible demanda reclamando daños y perjuicios millonarios al Consistorio.

Necesario para relanzar Maspalomas

Agrupación de Vecinos siempre defendió que los promotores del parque acuático estaban obligados a cumplir rigurosamente con todos y cada uno de los requisitos legales que conlleva el otorgamiento de las licencias de obras. Y con esa misma actitud y esa misma idea sigue velando por este proyecto el grupo municipal PP-AV. “Consideramos que la materialización del Siam Park de Maspalomas será beneficioso para el municipio y Gran Canaria, porque contribuirá a incrementar y mejorar nuestra marca turística y los servicios que ya se ofrecen en nuestro destino. Lo apoyamos porque se trata de un proyecto necesario, y ahora mucho más que antes. Su puesta en marcha será decisiva en la difícil tarea que tendremos que realizar para el relanzamiento turístico de Maspalomas y de la Isla en la era postcovid. Esa será una tarea crucial en la que todos, empresarios y administraciones públicas, tendremos que aplicarnos con dedicación y mucha cabeza para intentar recuperar con éxito las cotas de proyección y aceptación que teníamos en los mercados emisores, y poder enderezar la grave situación de crisis económica y social que estamos viviendo. Este proyecto contribuirá a hacerlo”, afirma la portavoz de PP-AV en el Ayuntamiento.

Agrupación de Vecinos PP-AV puntualiza que la sentencia del TSJC, que dicta que el PMM de El Veril no debió aprobarse por el Gobierno de Canarias en el año 2015 sin el preceptivo informe “motivado, claro e indubitativo” del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria respecto a la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para asegurar el suministro que demandarán el Parque Acuático y también el hotel, el restaurante y las cafeterías vinculados al mismo proyecto, es un ejemplo claro del permanente boicot que NC y Antonio Morales le infligieron desde el Cabildo a éste y otros proyectos impulsados por el alcalde Marco Aurelio Pérez, para que no pudieran salir adelante durante su mandato.

“La sentencia del TSJC, que solo entra a valorar la cuestión del Informe del consejo Insular de Aguas, pero no otros puntos de la amplia demanda que ha cursado un particular contra la legalidad del Siam Park, pone al descubierto sólo una parte del recorrido del parque acuático y la falta de rigor del gobierno del Cabildo durante todo el procedimiento, que no ha cumplido con su obligación y sus deberes. La verdad es que el proyecto empezó a tener problemas a partir del momento en que Antonio Morales ocupó la presidencia insular. El retraso en el informe de carreteras hasta casi noviembre de 2015; luego la aparición de los caracolillos en diciembre de 2016 y también los continuos engaños y mentiras a los Kiessling culpando al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de los retrasos son algunas de las estrategias antológicas que NC y Anonio Morales emplearon para boicotear el proyecto”, afirma Elena Álamo.

Un nuevo revés

Los promotores del Parque Acuático y también el Gobierno de Canarias han indicado que piensan recurrir la sentencia del TSJC en casación ante el Tribunal Supremo porque consideran que la falta

del informe de recursos hídricos es un defecto subsanable que no debe conllevar la nulidad completa del PMM de El Veril. Agrupación de Vecinos PP-AV espera y confía en que dicho recurso sea admitido a trámite y finalmente sentenciado favorablemente para que el proyecto pueda seguir desbrozando su camino y salir adelante. No obstante, la espera por esa nueva resolución judicial, sea positiva o negativa, supondrá un duro retraso, un revés más para la tramitación y cumplimentación legal del expediente administrativo del Parque Acuático y el inicio efectivo de sus obras de urbanización y edificación, que todavía no cuentan con la pertinente y definitiva licencia del Ayuntamiento, y aún debe resolver el pago de 14,3 millones de euros que el Ministerio de Hacienda le viene reclamando desde el 2019 por los aprovechamientos urbanísticos que el Plan de Modernización le otorga sobre los terrenos de titularidad pública en el cauce del El Cañizo-El Veril.