El Comité de Huelga de empleados públicos se reúne, por fin, con el consejero Julio Pérez

El Comité de Huelga es plenamente consciente que la inercia social y laboral de los últimos veinte años ha afectado negativamente al empleo público, con una reducción de los puestos de trabajo y una precarización de los existentes.

Esta situación se ha visto agravada en los últimos 20 años debido a la inactividad de la Administración y los últimos 10 años a la crisis económica y una reciente crisis sanitaria, que aún permanece, que han acentuado la precariedad del empleo en el sector público, con un porcentaje muy elevado de personal no fijo que ya acumula años de indefinición e interinidad y se han convertido en trabajadores y trabajadoras en precario de larga duración y sometidos a abuso de temporalidad. Podemos decir que los diferentes equipos de gobierno de la Administración General de la Comunidad Autónoma se han cebado en el sector de trabajadores más débil, personal interino, indefinido y temporal.

Podíamos meter aquí los recortes del 20% en jornada y salario del personal no fijo que se produjo con el anterior gobierno del PSOE. Afortunadamente los tribunales, una vez más, pusieron algo de orden en tales desatinos de iniciativas de algunos políticos.

Para Este Comité de Huelga, la Administración Canaria tiene una deuda con todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Comunidad Autónoma pero sobre todo con este colectivo de trabajadores y trabajadoras.

Cualquier solución que lleve a solventar nuestras condiciones de precariedad, y legítimas aspiraciones de fijeza laboral debe tener en cuenta los siguientes aspectos que son la base de la negociación de este punto del conflicto:

1.- El reconocimiento del abuso de temporalidad en el que han estado inmerso (y aún siguen) miles de empleados y empleadas públicas en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

2.- El sacrificio que hemos realizado desde este colectivo para mantener los servicios públicos en los momentos más difíciles de la historia reciente debe ser reconocido. Con un enorme acerbo de formación, de conocimiento, de profesionalidad y de buen hacer, como se demuestra cada día en nuestros puestos de trabajo. Sería un grave error histórico y una enorme iresponsabilidad política que el colectivo de más de 4000 trabajadores que prestan los servicios que recibe la ciudadanía, fueran despedidos.

3.- Que los estamos dentro, que accedimos a la función pública desde hace mucho tiempo, y la enorme profesionalidad, vocación y entrega que han demostrado siempre, no podemos estar sometidos a la voluntad política de los sucesivos Gobiernos que han pasado en Canarias. La eliminación de la precariedad requiere no solamente la aplicación de leyes, sino una voluntad política para sostener los servicios públicos y a los empleados y empleadas públicas que los sostienen.

4.- En el cuarto eje, la resolución del conflicto en este punto, pasa por el reconocimiento de que el acceso a la Función Pública de los afectados ya se realizó, fuera por los procedimientos de ingreso ordinarios o por las sentencias favorables al personal temporal sometido a abuso como consecuencia del incumplimiento de la Administración de las leyes y principios que rigen el acceso a la función pública.

El dato objetivo y preocupante que el principal problema que afecta a la Función Pública Canaria, se refiere al 46% de su personal que está en esta situación de abuso de temporalidad. Este es un hecho de excepcional gravedad que exige una solución igualmente excepcional, y además con la garantía de reparación de los derechos lesionados al personal en situación de abuso, para así poder cumplir con la normativa al respecto. Remitirnos a dicha normativa con el máximo respeto a la legalidad, exige el reconocimiento del valor normativo de la Directiva 99/70 y en su interpretación también a la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 relativa a esta cuestión que nos afecta.

El escenario hipotético y negativo que se plantea desde la Consejería de Administraciones Públicas, con una OPE extraordinaria, con la posibilidad de que personas que llevan más de 15 años trabajando se queden sin sus puestos de trabajo sería, en un momento crítico para la sociedad donde la Administración tiene que ser fuerte y potenciar sus recursos humanos y materiales, sería cuanto menos una irresponsabilidad económica en la gestión de los recursos públicos, una merma en la eficacia de los servicios públicos y un desprecio al trabajo que han hecho estos trabajadores durante muchos años.

Este Comité de Huelga HA REMITIDO AL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES ESTE PRIMER DOCUMENTO DE NEGOCIACIÓN, entendiendo que las negociaciones que deben empezar en este momento y qe van encaminadas a la resolución de este conflicto deben estar impregnadas de la voluntad de que sean los interinos, indefinidos y temporales de larga educación los que sigan ocupando los puestos de trabajo cuyas competencias han desarrollado de una manera eficiente y profesional durante muchos años.

Con el espíritu de negociar con buena fe y la voluntad de llegar a un acuerdo que garantice la continuidad de los servicios.