NC opina que la lucha contra la desigualdad salarial y laboral debe centrarse en el sector privado

La parlamentaria de Nueva Canarias (NC), Carmen Hernández, en el debate plenario de la proposición no de ley sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres del PP enmendada por insuficiente por los grupos del pacto de progreso, ha defendido que esta lucha debe centrarse en el sector privado y en el cumplimiento de la legislación vigente. La diputada del grupo nacionalista progresista abogó por derogar la reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013 para alcanzar la igualdad.

Carmen Hernández afirmó que la iniciativa de la derecha, que solicitaba al Gobierno de Canarias que presentara proyectos específicos encaminados a frenar esta brecha, estaba “bien” pero que era “ampliamente mejorada” con las enmiendas del pacto. No obstante, recriminó al PP que rechazara la que propugnaba la derogación de la reforma laboral de 2012 y la de las pensiones de 2013.

En opinión de Hernández, para combatir esta discriminación de las mujeres se debe poner el acento en el sector privado y en la exigencia del cumplimiento de las leyes. Nueva Canarias, ratificó, “va a apoyar siempre cualquier iniciativa encaminada a erradicar” la brecha de género. Se hace difícil pensar, subrayó, que en pleno siglo XXI exista una “discriminación” por el hecho de ser mujer.

Defendió la adopción de medidas eficaces para promover la igualdad, incluidas las relativas a las enmiendas aprobadas. Se refería al cumplimiento de los reales decretos leyes que regulan los planes de igualdad y su registro y así como el relativo al de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

También que, a través del Consejo Canario de Relaciones laborales, se llegue a acuerdos para que, en el ámbito de la negociación colectiva, se estimulen cláusulas de igualdad y para acabar con las discriminaciones salariales en empresas de menos de 50 personas.

Para Nueva Canarias es importante que se refuerce el papel de la inspección de trabajo, con las campañas y acciones que sean necesarias, y que el Gobierno estatal aumente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los próximos años hasta llegar a la recomendación de la carta social europea, alcanzando un 60% del salario medio de cada estado.