España aprueba dar 30 millones de euros a Marruecos para frenar la inmigración irregular en plena crisis en Ceuta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de una inyección de 30 millones de euros para ayudar a Marruecos en su despliegue policial contra la inmigración irregular. Esta partida ya estaba contemplada en los Presupuestos y pendiente de aprobación aunque se ha acabado dándole luz verde en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de 6.000 inmigrantes ante la inacción de los gendarmes marroquíes.

Es la segunda vez que España dedica una ayuda directa de estas características y cuantía —ya aprobó la entrega de 32 millones en el verano de 2019—, pero es la primera vez que se formaliza en los Presupuestos. Aunque las subvenciones españolas para la cooperación policial se han consolidado en países como Senegal y Mauritania para controlar la ruta atlántica tras la crisis de los cayucos, Rabat no era uno de los beneficiarios.

La ayuda se destinará a la financiación de gastos derivados del patrullaje y vigilancia de fronteras marítimas, al mantenimiento y reparación de materiales y a dietas para las fuerzas de seguridad. Marruecos, a diferencia de otros socios como Argelia que colabora activamente contra la inmigración irregular, suele señalar su carencia de medios y pide dinero. Según una memoria económica de Bruselas, Rabat calcula que necesita 434 millones de euros anuales para cubrir los gastos que le supone controlar sus fronteras en un país que no es solo de origen, sino también de destino y tránsito para miles de inmigrantes.

Con la partida aprobada este martes, el Ministerio del Interior triplica la ayuda que destinará a sus principales socios africanos para combatir la inmigración irregular. Las subvenciones en materia de cooperación policial para 2021 alcanzan ya los 43,55 millones de euros frente a los 13,55 millones contemplados en las cuentas prorrogadas de 2018.

El ánimo y la colaboración de Marruecos marcan la presión migratoria en España. Se acaba de demostrar con la crisis desencadenada en Ceuta, tras la acogida “por razones humanitarias” del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd), Brahim Gali, pero ha tenido otros precedentes. En agosto de 2014, el enfado monumental de Rabat después de que una patrullera de la Guardia Civil interceptase el yate del rey Mohamed VI llevó a Rabat a suspender la cooperación en seguridad y llegaron a las costas españolas más de 1.400 inmigrantes en dos días. El Gobierno de Mariano Rajoy acabó disculpándose por diversos cauces y destituyó al teniente-coronel Andrés López García que estaba al mando de la Guardia Civil de Ceuta.

El Gobierno de Pedro Sánchez comprobó nada más asumir el poder la importancia de su principal socio africano. En 2018, se registró un número récord histórico con la llegada de 64.000 personas por tierra y por mar. España entonces se erigió como mediador de Rabat en Marruecos y logró defender sus intereses ante la UE, que ha reforzado su apoyo económico desde entonces. El flujo migratorio se redujo a la mitad en 2019, la frontera norte de Marruecos se blindó, pero el año pasado Marruecos volvía a ser una pieza fundamental en el tablero de la crisis migratoria en Canarias. Las pateras que llegaron a las islas llevaron a 23.000 personas, que salieron en su mayor parte del sur de Marruecos y del Sahara Occidental, una región controlada por los marroquíes. Además, la mitad de los desembarcados eran nacionales de ese país.