El Parlamento Europeo condena la actuación de Marruecos por usar la migración como arma política

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este mediodía una resolución condenando la actuación de Marruecos en la crisis de Ceuta al empujar a miles de personas a intentar cruzar a nuestro país de forma irregular. Los eurodiputados han aprobado con 397 votos a favor, 196 abstenciones y sólo 85 votos en contra un texto pactado en la víspera por los grandes grupos de la cámara y al que hoy se le han introducido algunas enmiendas adicionales.

El documento critica y condena el "chantaje" y la presión del Gobierno de Mohamed VI, y en especial el uso de menores sin familias y personas vulnerables como parte de una jugada política. El mes pasado todas las instituciones comunitarias se han pronunciado de forma unánime y contundente, y esta vez los diputados han querido dejar constancia adicional de la posición.

La resolución no tiene consecuencias legales, simplemente es una forma de fijar posición política, pero puede ser un precedente de cara a las relaciones entre la Unión y el reino alauita en el futuro. La última vez que hubo una resolución sobre Marruecos fue a finales de los años 90, hace casi un cuarto de siglo, y en Rabat estaban más que cómodos con ese escenario.

El Parlamento Europeo es especialmente sensible a la cuestión migratoria y a los derechos humanos, y la presión de Rabat a Madrid por la presencia del líder saharaui en un hospital de Logroño podría pasarle algo de factura a Mohamed VI. Él, consciente, ha movilizado todos sus recursos en el exterior para intentar frenar la resolución o al menos el número de votos en contra. Embajadores marroquíes en países de toda la UE han llamado por teléfono personalmente a eurodiputados individuales o a figuras relevantes dentro de cada grupo político para intentar mitigar el lenguaje del texto o incluso convencerles de que no votaran a favor, pero con escaso éxito. Asegurando que la cuestión es sólo entre España y ellos y amenazando con posibles consecuencias para las relaciones con la Unión de una resolución como la presente. "Los intentos de España de implicar al Parlamento Europeo en un conflicto bilateral, sacando partido de la cuestión migratoria, corren el riesgo de comprometer no sólo nuestra larga tradición de cooperación sino también nuestros compromisos comunes y la cooperación mutuamente benéfica de Marruecos con los países europeos y con el Parlamento", se lee en una carta remitida a los diputados esta semana.

El texto consensuado "lamenta, en particular, la participación de niños, menores no acompañados y familias en el cruce masivo de la frontera de Marruecos a la ciudad española de Ceuta, poniendo en claro riesgo su vida y su seguridad". Un acto inaceptable "como presión política contra un Estado miembro de la UE".

La posición sobre esta cuestión en la Eurocámara no es unánime, ni entre todas las familias políticas ni las nacionalidades. La propia España quería rebajar el tono con su vecina desde hace semanas y evitó llevar la cuestión al Consejo Europeo, teniendo una oportunidad dorada. La resolución nace de un movimiento del español Jordi Cañas, de Ciudadanos, que nada más ver lo que pasaba en Ceuta buscó la forma de llevar la cuestión al pleno buscando una condena, algo más serio que unos cuantos tuits y declaraciones de solidaridad, preocupación y consternación. El lenguaje se ha peleado, negociado y estudiado palabra a palabra, para que el mensaje fuera indiscutible, pero no tan agresivo como deseaban los más enfáticos. Las 196 abstenciones muestran las dudas.

Los grupos más grandes, con Populares, Socialistas y Liberales, quieren la condena pactada, pero también intentar recomponer la situación lo antes posible. Creen que la voz de la cámara y de Bruselas ha sido escuchada, pero entienden que la situación migratoria (además de cuestiones de seguridad, lucha contra el terrorismo o el contrabando) es muy delicada y que llevarse bien con los países del Mediterráneo es fundamental y por eso llaman a "no socavar las relaciones estratégicas, multidimensionales y de vecindad privilegiada entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea y sus Estados miembros". Igualmente, el texto, dando cal y arena, agradece que Rabat aceptara a principios de este mes la repatriación de menores identificados (si bien un número importante siguen en Ceuta todavía).

Otros, como Izquierda Unida o Vox en España, son mucho más beligerantes y pedían sanciones claras contra Marruecos, por la crisis de Ceuta o por la situación en el Sáhara en general. Y desde Rabat han respondido, con furia, acusando a España de intentar "europeizar un problema bilateral".

La resolución, sin embargo, insiste en que "la inviolabilidad de las fronteras nacionales de los Estados miembros de la UE y el respeto pleno e innegociable de la integridad territorial de los Estados miembros de la UE" es sagrado y advierten de que no se puede "tolerar el socavamiento de la soberanía territorial de los Estados miembros". Y la comisaria europea presente en el debate esta mañana así lo ha reiterado: las fronteras españolas son las fronteras europeas y la solidaridad es total.

En última instancia, la resolución va más allá del incidente de Ceuta y aborda la verdadera cuestión de fondo, lo que más preocupa a Rabat y donde quizás haya podido cometer un error de juicio. Con su desafío a Moncloa pudo comprobar la reacción ante una apertura unilateral de fronteras y la llegada masiva de personas, y recabó información valiosa. Pero al mismo tiempo no ha conseguido ningún tipo de respaldo o apoyo para su posición sobre el Sáhara. A diferencia de EEUU, que el año pasado modificó su posición sobre la zona como parte de una negociación más amplia que afecta al proceso de paz de Oriente Medio y el reconocimiento de Israel, la Unión Europea sigue vinculando su posición a las resoluciones de la ONU.

Los eurodiputados dicen que el chantaje y la presión migratoria no funcionarán y mantienen que la posición sobre el Sáhara "se basa en el pleno respeto del derecho internacional de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el proceso político dirigido por la ONU para lograr una solución negociada justa, duradera, pacífica y mutuamente aceptable por ambas partes". Y no va a cambiar.