El Gobierno inicia el proceso participativo con los agentes sociales y empresariales implicados para evaluar el uso futuro del puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han presidido hoy la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, una jornada que ha servido para dar inicio al proceso participativo con los agentes sociales y empresariales implicados, una de las piezas que conforman esta Comisión, junto a los estudios socioeconómicos, y que permitirá elevar al consejo de Gobierno la decisión final  sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

 El proceso participativo ha dado inicio con una reunión con los representantes de la empresa cementera CEISA, que ostenta actualmente la concesión sobre el puerto de Santa Águeda al que actualmente se le da uso exclusivamente industrial. Sin embargo, esta concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022 y por eso se ha creado esta Comisión, para estudiar las alternativas posibles para el futuro de este puerto que pertenece a la red autonómica de la entidad Puertos Canarios, que preside el consejero Franquis.

 Tras los representantes de la cementera, los consejeros citaron a la Comisión de Trabajo al presidente, José María Mañaricúa, y a otros miembros de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), colectivo que aboga por dar un uso distinto al industrial a las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

 “Estamos dando continuidad de lo que anunciamos hace escasamente un mes, cuando creamos la Comisión de Trabajo entre las tres consejerías aquí representadas para elaborar una propuesta no vinculante que elevar al Gobierno en los primeros meses del año que viene sobre el uso final del puerto”, explicó el consejero Franquis, “lo que hemos hecho hoy es iniciar el proceso participativo con la empresa CEISA y con representantes del sector turístico de la isla, escuchar sus propuestas, sus informes y su opinión sobre la decisión que debemos tomar en el futuro. Esa propuesta final estará elaborada desde la base, con la participación de todos para que esa decisión histórica esté vinculada al interés general de Gran Canaria y de toda Canarias. Eso es lo que le hemos transmitidos tanto a los empresarios de CEISA como del turismo, y es lo mismo que le diremos al resto de agentes sociales y económicos, y a las instituciones que citemos en las próximas semanas”.

 “El objetivo de la Comisión es el que es, nos hemos puesto de acuerdo precisamente para valorar los escenarios posibles siendo conscientes de la importancia que tendrá la decisión final en estos sectores estratégicos que, además, de forma sectorial están en mi Consejería como son Industria y Turismo”, añadió Castilla. “Sabemos los problemas que existen ahora mismo y queremos dar la mejor solución posible y una respuesta en la que se anteponga el interés general que se merecen todos los canarios y canarias y por supuesto, las tres opciones que se barajan para este puerto son las que hemos pactado entre todos los miembros de la Comisión. Por lo tanto, estamos en la misma línea, no hay discrepancias en ese sentido”.

 El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que ya están siendo encargados.

 “Como les he insistido en otras ocasiones, el Gobierno va a llevar un trabajo en esta Comisión con absoluta discreción, de escuchar mucho y no opinar absolutamente nada”, señaló el consejero Sebastián Franquis, “por eso, ya estamos encargando los informes correspondientes para incorporarlos en esta Comisión, informes como el territorial, para concretar en qué afecta a los planes insulares y municipales en su desarrollo urbanístico; también vamos a pedir un informe socioeconómico sobre la actividad actual y las propuestas que se planteen; y por último, un informe medioambiental porque lo exige la decisión, el momento y la estrategia de cambio climático del propio Gobierno canario. Todo este proceso persigue un objetivo único y exclusivo, el de defender el interés general de todos los canarios y canarias en esta Comisión”.