El Consejo Insular de Aguas avanza en el nuevo Plan Hidrológico de Fuerteventura (2021-2027)

La junta general del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF) ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, el avance del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura que corresponde al tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2021-2027. Este Plan supondrá una actualización respecto al correspondiente al segundo ciclo (2015-2021) y la incorporación de nuevas medidas, actuaciones y planes complementarios que aborde y resuelva los principales problemas relativos a la contaminación difusa, gestión de los recursos hídricos, extracciones, saneamiento, depuración y vertidos, dificultad para atender la demanda,  y adaptación al cambio climático, entre otros problemas.

 El documento aprobado hoy por el CIAF  marca las directrices generales en las que se han de regir los órganos de gobierno de esta administración hidráulica. Presenta un total de 205 medidas, entre básicas y complementarias, cada una con una connotación diferente, si bien la mayoría tienen que ver con abastecimiento, distribución, saneamiento, vertidos, contaminación, depósitos, etc. La inversión prevista en el desarrollo de este Plan Hidrológico alcanza los 165 millones de euros.

 El proyecto del tercer ciclo de planificación hidrológica se someterá a información pública por un periodo de seis meses, por lo que el documento, extenso y complejo, podrá ser objeto de consulta, debate y mejora a lo largo de ese tiempo. Asimismo, el documento estará abierto a consulta pública por parte de las administraciones públicas afectadas y  de las personas interesadas por un periodo de tres meses.

 Para el presidente del Cabildo y del CIAF, Sergio Lloret López, “se trata de un documento extenso y complejo, pero tenemos urgencia en aprobarlo porque es fundamental incorporar asuntos que no podíamos dejar atrás”. Además “damos los pasos iniciales en un documento abierto, vivo y dinámico al que podremos ir incorporando mejoras a lo largo de las reuniones sectoriales que comenzaremos a marcar en un calendario“.

 David de Vera, consejero insular de Aguas y vicepresidente del CIAF, señaló que ha sido complejo y largo en el tiempo poder incluir en este avance del Plan Hidrológico las nuevas medidas aprobadas por el Cabildo en esta materia como la declaración de Situación de Emergencia Hídrica, el Plan Insular de Cooperación de Abastecimiento de Agua  (PICABA), un Plan Insular de Cooperación Municipal de Obras (PICOS) “y todo eso tiene que tener un marco que dé amparo a todas esas actuaciones en este tercer ciclo integral del agua: producción, distribución y la utilización del agua depurada. Todo eso conlleva más de doscientas actuaciones, 165 millones de euros y un trabajo intenso y de años que se lleva realizando en el Consejo Insular de Aguas”.

 Junto al proyecto de Plan Hidrológico, la junta general del CIAF aprobó también el estudio ambiental estratégico del Plan Hidrológico de Tercer Ciclo y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Segundo Ciclo de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (2021-2027), que aún precisa del pronunciamiento del órgano ambiental. Ambos documentos fueron aprobados por la junta general con dos abstenciones.

 Respecto al proyecto de revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y una vez realizada la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación, y los planes de gestión del riesgo de inundación, el documento plantea 41 medidas de prevención, protección, preparación, recuperación y revisión, así como otras de gestión de riesgo. Asimismo, la memoria recoge los planes de colaboración que hay que tener con Protección Civil tanto a nivel local, como autonómico y estatal de cara a gestionar el riesgo de inundación. Según el documento, en Fuerteventura hay localizadas 34 zonas de riesgo potencial, 7 terrestres y el resto costeras.

Al igual que el Plan Hidrológico, este documento también se someterá a información pública por un plazo de seis meses y a consulta pública de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas por un plazo de tres meses.