Francis Candil exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ejecute obras de manera urgente para paralizar los vertidos ilegales de aguas residuales al mar

Coalición Canaria Las Palmas de Gran Canaria exige al Ayuntamiento capitalino que ejecute por la vía de urgencia las obras pertinentes para parar de manera inmediata cualquier tipo de vertido que se realice de tierra al mar en todo el término municipal. En este sentido ha elevado a pleno una moción para exponer esta situación que tacha de “gravísima”.

Su portavoz, Francis Candil, considera que “ha llegado la hora de que esta ciudad deje de contaminar sus costas. El Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad política y medioambiental y paralizar los vertidos al mar que realiza de manera ilegal”. Así, advirtió: “Existen fórmulas administrativas para proceder de manera urgente a la ejecución de las pertinentes obras que permitan detener esta situación”.

Candil recuerda que el Consistorio lleva desde el año 2017 realizando vertidos ilegales de tierra al mar por el emisario submarino del Teatro Pérez Galdós, en concreto, los vertidos procedentes de la EBAR de El Teatro y de las aguas y salmuera procedentes de la EDAR de Barranco Seco.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, organismo dependiente del Gobierno de Canarias, denegó al Ayuntamiento la realización de esos vertidos ilegales sin la preceptiva autorización, y le advirtió de que su continuidad supone una infracción tipificada y calificada como grave en la Ley de Costas.

Con todo, se sanciona al Ayuntamiento con una multa de 30.000 euros y se le ordena la inmediata paralización del vertido. Además, se advierte por parte de la instrucción del expediente de que de no acatarse la paralización de los vertidos, tendrá consecuencias judiciales, siendo la propia Agencia Canaria de Protección del Medio Natural quien ponga en conocimiento de la jurisdicción penal la infracción para que se depuren responsabilidades.

El portavoz nacionalista apuntó que “no es la primera vez que el Ayuntamiento es sancionado por parte de la Agencia Canaria, y lo que queda claro es que apela a la desobediencia reincidente. Hasta ahora no ha realizado ninguna actuación para paralizar unos vertidos que, además de costarnos 30.000 euros a toda la ciudadanía, pueden poner en peligro nuestra salud”.