Acampar en Lobos, un ejemplo más de la participación política en la destrucción de los espacios protegidos

Las zonas incluidas de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos son declaradas por albergar los hábitats más significativos y los principales centros de biodiversidad de las islas. En estas áreas, crecen y se desarrollan especies únicas en el mundo, muchas de ellas amenazadas, que deben de ser respetadas y sus hábitats deben ser restaurados. A estos espacios se le unen las zonas de la Red Natura 2000, que coinciden, en muchos casos, con estas áreas protegidas y que son los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Además, Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera en 2009 por la UNESCO, alegando su compromiso por el desarrollo sostenible y el respeto por el me-dio ambiente. Sin embargo, y pese a que utilizamos y explotamos esta figura en todas las propagandas habidas y por haber, una Reserva de la Biosfera conlleva una serie de compromisos medioambientales que, lamentablemente, no se están respetando.

En los últimos años hemos visto cómo se vulnera la legislación ambiental en materia de conservación del medio natural. No se respetan los caminos de la red de senderos, se fomenta la proliferación de especies invasoras en el ambiente, se permite el uso del medio como vertedero ilegal, se autorizan ralis en espacios protegidos y la última: se va a permitir la acampada en los espacios naturales de la isla.

Bajo el amparo de una ordenanza que se nos vende como pionera, por ser la primera de entre los cabildos insulares, y respetuosa con el entorno, pues supuestamente no pro-duce impacto en el medio natural, se podrá acampar en un Parque Natural como la isla de Lobos. A los problemas derivados de la masificación que ya sufre el islote, ahora se le sumará la acampada. En la actualidad, Lobos permite acampar a un máximo de 40 personas en un área delimitada para tal efecto, si bien si son actividades de investigación bien justificadas pueden situarse fuera de la misma. Con esta ordenanza, no habría un área concreta y todo el islote podría ser colonizado por campistas. Así se expone este pequeño santuario de biodiversidad agonizante a su completa destrucción, sin que esto parezca afectar a nadie.

Con la nueva ordenanza, más de un tercio de los emplazamientos autorizados para las acampadas serán en áreas protegidas y en casi la mitad de la isla de Fuerteventura se podrá acampar. Las acampadas suponen un deterioro del medio natural que, en muchos casos, es irreparable. El pisoteo provoca la compactación y la erosión del suelo, se pro-duce la apertura de pistas por el trasiego de caravanas y la aparición de senderos secun-darios, se realizan movimientos de piedras y tierra, se generan cúmulos de basura, se produce el desbroce de especies vegetales protegidas y la perturbación de distintas zo-nas de descanso y nidificación de aves. Estos son algunos de los problemas que lleva aparejados la acampada y las actividades de ocio relacionadas con ellas y son práctica-mente inevitables.

Así, la ordenanza no especifica localidades concretas para el desarrollo de la actividad campista, sino que delega en los Ayuntamientos esta labor. Los ya de por si machacados espacios naturales protegidos majoreros carecen del suficiente personal de vigilancia, como para además permitir a los campistas pernoctar sin la debida regulación en estas áreas a conservar. El nuevo sistema propuesto es, por tanto, totalmente inconcebible e incompatible con la sostenibilidad y el respeto con el medio.

Las acampadas y el camping merecen una regulación exhaustiva y fundamentada en evi-dencias científicas, evitando en todos los casos su práctica en los espacios naturales pro-tegidos. La ordenanza debe fijar localizaciones concretas en las que esta práctica no su-ponga detrimento alguno para el medio y la biota que en él vive. Además, los lugares susceptibles de acampar, en todo caso, deberán estar sujetos a inspección para el cum-plimiento de la normativa.

Cientos de caravanas y tiendas de campaña amenazan con colonizar y degradar aún más los esquilmados espacios naturales protegidos de la Fuerteventura. Es por ello que se hace necesario una ordenanza que regule de manera eficaz esta actividad, pero no a costa del medio natural majorero y de su biodiversidad. Cabe recordar al Cabildo de Fuerteventura que, de acuerdo con la legislación vigente, todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, deben velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural, teniendo en cuenta especialmente los tipos de hábitats naturales y las especies silvestres en régimen de protección especial

Por otra parte, la isla obtendría más beneficio del turismo si se alojaran en estableci-mientos para tal fin; campistas y autocaravanas hacen más uso del territorio que los beneficios que reportan a la población local".