Archipiélago de Estado: la percha jurídica para proteger el mar y las costas de Canarias

El portavoz de la Plataforma por el Mar Canario, integrada por 132 colectivos ciudadanos de Canarias desde 2002, Domingo Martín, ha animado este viernes a los líderes políticos en el Congreso de los Diputados a tomar medidas sobre la necesidad de que Canarias tenga un estatus de Archipiélago de Estado en el Reino de España para proteger recursos y crear un escudo legal que proteja a futuras generaciones de en su derecho de tener un mar y unas costas disponibles para su sostenibilidad. La plataforma ha saludado de forma sincera los avances que hay en el Congreso de los Diputados y Parlamento de Canarias en esta materia así como el avance en el consenso generalizado que existe en las instituciones en un asunto en el que las entidades desde la sociedad civil llevan en las islas trabajando desde hace 20 años.

 Martín ha agradecido el esfuerzo de todos los diputados canarios y, en especial, de Meri Pita, del Gripo Mixto, por defender esta herramienta legal para la Canarias de las próximas generaciones. Martín considera que “el momento actual es clave” para que reclamar la Autonomía Interna para Canarias ante posibles medidas de hostilidad económica y inamistosas en el futuro y, por ello, reclama que las formaciones en el Congreso de los Diputados den luz verde a una proposición no de Ley de la diputada Meri Pita en la que se insta a dotar de este nivel de garantías jurídicas a las islas Canarias.  Este otoño el Ejecutivo central, en una pregunta de la Plataforma por el Mar Canario (184/94418) sobre si Canarias es o no un archipiélago, el gobierno mediante respuesta escrita manifestó que: “No consta la existencia de motivos de incompatibilidad entre ninguna disposición de la Convención y la Constitución Española”.

 Por ello, Pita, y es lo que la Plataforma por el Mar Canario agradeció, ha instado al Gobierno central a que aclare los términos de su posición porque “Canarias no puede continuar en la indeterminación, es urgente que se nos reconozca como un archipiélago según la Convención del Mar. Es una deuda histórica con nuestro pueblo que cada día se ve más preocupado con las actuaciones del país vecino, Marruecos. Países de nuestro entorno, como es el caso de Portugal, se apresuraron a cumplir con estos preceptos, otorgando a Madeira y Azores la plena autonomía interna. Sin embargo, España decidió no seguir el mismo camino.  La contestación del Gobierno abre "una ventana de oportunidad para exigir nuestro derecho a ser reconocidos como un archipiélago de Estado, dado que no habría incompatibilidad con la Constitución Española, tal como recoge en la respuesta".