El PP califica de “error insultante” contra los vecinos y el sentido común el recurso de casación interpuesto por el PSOE contra los residentes de Guanarteme afectados por ruidos

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado este jueves 17 de noviembre, por medio de su viceportavoz, Ángel Sabroso, como un “error insultante contra los vecinos y el sentido común” el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) que el PSOE, desde el pacto de gobierno local, ha presentado contra los vecinos residentes de las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme, tras dos sentencias consecutivas ganadas por los vecinos a causa de los ruidos por ocio nocturno.

“El PSOE comete un error insultante con la presentación de este recurso. El mensaje que lanzan los socialistas es demoledor: no sólo no protegen los derechos de los vecinos, les obligan a ir a la justicia para que alguien defienda su derecho al descanso, sino que cuando la justicia da la razón a los vecinos hasta en dos ocasiones consecutivas, utilizan los recursos públicos, los propios impuestos de los vecinos afectados, para combatir y alargar una agonía judicial sin solventar los problemas de ruidos que no les dejan descansar”, explica Sabroso.

A pesar de que el alcalde socialista había anunciado que cumplirían la sentencia e indemnizarían a los vecinos, hoy se ha conocido que el PSOE ha recurrido la sentencia al Supremo. Y es que desde el año 2019, los vecinos residentes en las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme que denunciaban ante el Ayuntamiento los graves problemas de convivencia y descanso vecinal, cansados de ver que nada se hacía, emprendieron un periplo judicial que les ha supuesto un enorme esfuerzo en forma de tiempo y dinero propio y que les ha dado la razón hasta en dos ocasiones consecutivas (primera instancia y TSJC), sentencias que el PSOE ha decidido recurrir en Casación ante el TS y seguir sin aceptar que hay un serio problema que solventar, ponerse al lado de los afectados y propiciar la convivencia entre residentes y actividades de ocio.

“Que los vecinos tengan que pagarse sus propias mediciones de ruido porque el Ayuntamiento no tenía ni personal, ni sonómetros que realizara esa labor, que hayan tenido que denunciar judicialmente inacción ante un problema evidente, que hayan visto como hechos probados en las dos sentencias ganadas, como los índices de ruido medidos, hayan sido cuestionados por los propios responsables municipales que deberían protegerles y asistan ahora a un nuevo recurso de su propio Ayuntamiento contra ellos, atenta al mínimo sentido común”, lamentan los populares.  

Ni un cementerio, ni la ley de la selva: orden y equilibrio.

Sabroso es rotundo al afirmar que desde hace unos años los problemas de ruidos “se han agravado mucho por falta de gestión” hasta el punto de convertirse en “uno de los principales problemas que tiene la ciudad”. “El problema del ruido es muy complejo, pero si se deja de actuar sobre la gestión diaria esos problemas se acaban enquistando. Hace falta dedicación continua, dirección política y proyección del futuro de la ciudad, para que las normas de convivencia sean claras y se hagan cumplir, la ciudad no se convierta en un cementerio sin actividad ni ocio nocturno” y tampoco en la ‘ley de la selva’ donde nadie controla nada.

“Poner en orden la convivencia y la seguridad, el cumplimiento de las normas, los recursos humanos y materiales para su control y recuperar el equilibrio entre descanso y ocio, protegiendo a cumplidores y sancionando a incumplidores, será tarea prioritaria del Partido Popular en cuanto comience el próximo mandato dentro de unos meses”, explica Sabroso.  

“No hay más secreto que alfombra roja a los que cumplen y contundencia máxima con los que incumplen, ayudar a los proyectos empresariales que cumplan la normativa y ser muy contundentes contra los que incumplan. No puede ser que la ciudad más grande de Canarias, con mayor presupuesto, no disponga de sonómetros calibrados, que la Policía Local deje de realizar las labores de inspección de los locales que incumplen, o que de ocho técnicos de Actividades Clasificadas hayamos pasado a dos. En la ausencia de las más elementales obligaciones de gestión diaria radican todos los problemas”, concluyen los populares.