El Gobierno de Canarias acuerda la suspensión temporal del PGO de Santa Cruz para la implantación de la futura Ciudad de la Justicia

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias el acuerdo de la Comisión Autonómica Ambiental relativo a la suspensión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, en el ámbito de Cabo Llanos, para la implantación de la futura Ciudad de la Justicia del citado municipio. Este procedimiento excepcional de suspensión de planeamiento y el establecimiento de normas sustantivas transitorias se tramita a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha remarcado la importancia de este hito para que este ambicioso proyecto salga adelante y permita dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente en Cabo Llanos, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar.

El Documento Ambiental Estratégico que se ha hecho oficial en el BOC incluye información general del proyecto tal como su localización y descripción geográfica, objetivos de las Normas Sustantivas Transitorias, ámbito del objeto de suspensión y otros aspectos más específicos, como son los efectos previsibles sobre los planes territoriales y sectoriales, las medidas ambientales propuestas, el análisis de vulnerabilidad y otras propuestas previstas para realizar un seguimiento ambiental a esta iniciativa.

Entre otras medidas, se propone realizar un cálculo de la huella de carbono de las nuevas actuaciones y edificaciones previstas, teniendo en cuenta los datos y proyecciones conocidas para Canarias, e incluir la previsión de espacios de sombra en todo el ámbito (incluso en los itinerarios peatonales) para minimizar los efectos del calor en la zona prevista.

También se refleja que el ámbito de las Normas Sustantivas se localiza fuera de espacios protegidos y que este entorno se encuentra altamente antropizado y urbanizado, por lo que no existen recursos naturales de relevancia ni especies catalogadas como vulnerables o amenazadas.

Este procedimiento se hace oficial tras haber realizado las consultas preceptivas a todas las administraciones implicadas, tales como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo insular, todas las consejerías del Gobierno de Canarias o los ministerios de Defensa, Asuntos Económicos o de Transición Ecológica y Reto Demográfico.