Más de 200 condenados por delitos sexuales en España se han visto beneficiados por la ley del 'solo sí es sí'
Un total de 202 condenados por delitos sexuales en España han visto rebajadas sus penas y 18 han sido excarcelados antes de tiempo por la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', informaron este jueves medios locales.
Los jueces señalan que actúan así porque siguen el artículo 2.2. del Código Penal, que establece que tendrán efecto retroactivo aquellas legislaciones penales que favorezcan al reo, en este caso la mencionada ley, ya que antes de su entrada en vigor —el pasado 7 de octubre— el castigo mínimo por un delito de esa naturaleza era más alto.
Además, argumentan que siguen las pautas establecidas por el Tribunal Supremo, que ya acumula seis rebajas a través de las cuales ha ido creando jurisprudencia, esto es, una guía de referencia que debe seguir el resto de magistrados si se les solicita una revisión de condena en un caso por agresión sexual.
"Efectos inesperados"
Pese a la polémica que están generado estos "efectos inesperados" de la ley de libertad sexual, desde el Ejecutivo hacen un llamamiento a la tranquilidad y defienden que siempre que se realiza una modificación penal existen periodos transitorios en los que se ajustan penas y durante los cuales el alto tribunal debe unificar criterio.
El partido Unidas Podemos, que forma parte de la coalición de Gobierno, ha salido en defensa de la legislación, destacando otra serie de medidas incluidas en ella, como el abanico de recursos de atención y de reparación de las víctimas, que, en su opinión, han quedado invisibilizadas por el revuelo judicial.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha criticado la decisión de los tribunales de rebajar esas condenas, porque en la mayoría de casos no estaban obligados a hacerlo, sino que dependía de la llamada "interpretación de los jueces".
De hecho, fuentes cercanas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, han subrayado que la legislación "es sólida" y que la actual situación se debe más a una falta de formación con perspectiva de género por parte de los operadores jurídicos que a la propuesta penal que desarrollaron con el Ministerio de Justicia.
