Valido achaca a la mala gestión del Gobierno socialista el fiasco del Ingreso Mínimo Vital, especialmente en Canarias

La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, achaca a la mala gestión del Gobierno socialista “el fiasco” del Ingreso Mínimo Vital en España, y muy especialmente, por desgracia, en Canarias, ya que es la Comunidad con los índices de pobreza más altos y en las que no se ha alcanzado, ni de lejos, la cobertura suficiente”, tal y como denunció el año pasado la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Para agravar aún más la situación, “hemos conocido estos días el informe de la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que cuantifica en 284.00 hogares beneficiaros del ingreso, tan solo el 35% de los 800.000 que podían recibirlo y que las revisiones posteriores están obligando a devolver a los beneficiarios cantidades de hasta 2.500 euros, “personas que, recordemos, viven en situación de extrema necesidad”.

La desastrosa gestión del Gobierno de España no ha podido hacer frente a los numerosos problemas que se han ido presentado desde su creación, en 2020, “tal y como advertimos en numerosas ocasiones desde Coalición Canaria tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados y el Senado”.

Pero aún así, el ministro Escrivá le garantizó a nuestra diputada Ana Oramas que la actuación del Ministerio había sido un éxito y que no era necesario tomar ninguna medida, “pero ya le recordó ella que no se pueden hacer trampas al solitario, y jugar con los números unas veces de hogares y otras, de personas, para intentar dar un buen titular”.

La situación deriva, como le explicó en su día Oramas, de la precipitación en la elaboración de la norma legal y el establecimiento de requisitos que supusieron la exclusión de un porcentaje importante de personas. Las correcciones posteriores vinieron a complicar aún más este despropósito, dándose el caso de personas que han presentado hasta 12 veces las solicitudes. En este sentido, y tal y como señala Valido, “a quienes se intenta ayudar no son personas con acceso a recursos jurídicos ni conocimientos tecnológicos para perseverar en la defensa de sus derechos”.

Hoy nos encontramos, “con la triste realidad” de que muchas personas que tienen derecho a la ayuda no la solicitan, la Administración tiene dificultades para detectar quiénes de verdad la necesitan, “por no tener un sistema ajustado a la realidad que se intenta mejorar”, se da un solapamiento con otras ayudas de las Comunidades Autónomas,  y, a todo ello, se une el caos que ha caracterizado al funcionamiento de la Seguridad Social desde el inicio de la pandemia, con oficinas cerradas y escaso personal, que nunca fue reconocido por su dirección a pesar de tardar más de 120 días en resolver un expediente”, añadió.

En Canarias, como en otros territorios, “la atención presencial es fundamental para garantizar el servicio y el asesoramiento. No se puede fiar el procedimiento de solicitud a las competencias digitales, cuando precisamente estas personas, por sus condiciones, carecen de las mismas, generando una brecha digital que es insalvable para muchos”, denunció Valido.

Esta situación que denuncia la AIRef “nos parece muy grave y por otra parte muy fácil de solucionar si hubiera voluntad política por parte del Estado, y si la hubiera habido por parte del Gobierno de Canarias y su responsable de Derechos Sociales”, señaló, para a continuación lamentar “que se hayan generado falsas expectativas a los más de 600.000 personas en las Islas que podrían haberse beneficiado de esa ayuda, que solo ha llegado a 50.000”.