La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria destapa un taller clandestino en el barrio de San Cristóbal 

La actuación policial se inició tras continuas denuncias de los vecinos por el despiece de vehículos en la vía pública

 Agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado al titular de un taller de reparación de vehículos que operaba de forma totalmente clandestina en la parte trasera de un edificio del barrio de San Cristóbal. 

La actuación de la Policía Local está enmarcada dentro de las funciones que la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) viene desarrollando en materia de protección medioambiental, para lo cual han creado un Grupo Ambiental formado por agentes especializados en la actuación ante residuos, actividades molestas o la protección de los animales. 

En este caso, fueron los propios vecinos del barrio de San Cristóbal quienes denunciaron ante el Ayuntamiento el abandono de vehículos semidespiezados en una parcela cercana a la Ciudad deportiva. 

La Policía Local realizó entonces varias vigilancias hasta comprobar que el origen de los vehículos semidespiezados era una actividad de taller de reparación de automóviles que operaba de forma discreta en la parte trasera de un inmueble, siendo imperceptible desde la vía pública. 

Una vez constatada la actividad, agentes del Grupo Ambiental del Cuerpo de Seguridad desarrollaron un dispositivo por el que se personaron en el exterior del recinto para retirar todos los vehículos desguazados que acumulaba en el entorno e inspeccionar la actividad que desarrollaba en el interior. 

La actuación policial sirvió para comprobar que el titular del taller operaba de forma completamente clandestina, sin licencia ni alta en la seguridad social, y además realizaba una gestión negligente de los residuos peligrosos que generaba, tales como aceites, combustibles y otros propios de la actividad. 

La Policía Local levantó el acta correspondiente y ha puesto los hechos en conocimiento de la Consejería de Industria, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el Ayuntamiento e Inspección de Trabajo, enfrentando su titular posibles sanciones por una cuantía superior a los 65.000 euros, además de la orden de precinto que podrá dictar el Ayuntamiento.