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Agentes de Inspección Pesquera de Canarias levantan cinco actas por infracciones en Tenerife

Canarias Noticias - 06/03/2024

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Las acciones más recurrentes objeto de denuncia en este ámbito son las realizadas en materia de comercialización de productos pesqueros

 

 

Los Agentes del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, en el ejercicio de sus labores de inspección rutinaria, han levantado recientemente cinco actas de denuncia en la isla de Tenerife, como consecuencia de diferentes infracciones cometidas, entre las que destacan especialmente las realizadas en materia de comercialización de productos pesqueros.

Una de las denuncias se registró en un establecimiento de restauración donde se detectaron 76 kilos de productos pesqueros sin documentación que respaldara su origen. Además, se constató la comercialización ilegal de alrededor de 10 kilos de productos procedentes de la pesca recreativa, prohibida según el artículo 38.2 del Decreto 182 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias. También se incumplieron las tallas mínimas permitidas para las capturas.

El director general del área, Armiche Ramos, destaca la importancia de cumplir con la legislación para garantizar la ordenación, conservación, protección, repoblación y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, así como para asegurar la trazabilidad de los productos y la seguridad alimentaria.

En esta línea, Ramos hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de acciones y subraya la importancia de adquirir pescado únicamente a través de canales reglamentados y legales.

Este tipo de infracción constituye el motivo de denuncia más recurrente, principalmente debido a la pérdida de trazabilidad de los productos pesqueros, ante la imposibilidad de constatar el origen de las capturas y los controles a los que han sido sometidos.

Estas actuaciones constituyen infracciones graves según el artículo 106.1.b) de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, y podrían suponer multas que oscilan entre los 301 y los 60.000 euros, de acuerdo con la normativa vigente.

 

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