La lucha de los afectados del volcán de La Palma continúa: Exigen al Estado los 100 millones de euros prometidos  

El Volcán de Tajogaite, que erupcionó el 19 de septiembre de 2021, ha sido la mayor catástrofe natural de Europa en casi un siglo, y a las cifras nos remitimos: 1600 viviendas sepultadas bajo la lava, más de 300 hectáreas de cultivos y otros daños materiales que han provocado que los afectados hayamos perdido nuestros bienes en tan sólo 85 días. Han desaparecido o han quedado divididos para siempre tal y como los conocíamos, los barrios de El Paraíso, Alcalá, Los Campitos, Las Manchas, Camino Pastelero, Todoque, La Asomada, La Laguna etc, con la historia de sus gentes y sus fiestas y de sus tradiciones y de sus ilusiones. 

Pocos días después de la erupción, varios vecinos afectados constituimos como asociación la Plataforma de Afectados por Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021, que es la única asociación constituida para defender los derechos de los afectados por el volcán frente a cualquier gobierno sea del signo político que sea, y que tiene como fines la defensa de los derechos de los afectados por el volcán. En el año 2023 constituimos igualmente la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular de la primera Ley de Volcanes de Canarias -para la cual, fruto de la participación ciudadana, conseguimos reunir más de  15.000 firmas- y que fue admitida a trámite en el Parlamento de Canarias. 

En primer lugar tenemos que decir que los ciudadanos no tienen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios sufridos por las erupciones volcánicas, ya que nunca fueron advertidos del riesgo volcánico por las diferentes Administraciones públicas, y no se nos obligó en ninguna norma jurídica que nos hiciéramos un seguro o reaseguro que cubriera el valor de nuestras propiedades a pesar de que, según varios estudios científicos publicados, los científicos venían advirtiendo del aumento de la sismicidad y del riesgo volcánico en la zona desde el año 2017. 

En estos tres años se han tomado decisiones desacertadas e incluso humillantes para la dignidad de los ciudadanos afectados que conviene recordar:

-Se tomó como referencia en octubre de 2021, para las ayudas por la destrucción de las viviendas habituales, el Real Decreto del Estado 307/2005, que está previsto para inundaciones o terremotos como el de Lorca, que fueron de 15.000 euros; el Gobierno del Estado aprobó un decreto a raíz de la emergencia volcánica que establecía como ayuda, por la destrucción total de una vivienda habitual, 30.000 euros, que dos meses después se incrementó a 60.000 euros; ambas cantidades irrisorias para los efectos de un volcán en los que no sólo se destruye la vivienda sino también el solar sobre la que se asienta.

-Se hacinó a los afectados en viviendas contenedores en Los Llanos de Aridane en el año 2022 con el consentimiento del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y a pesar de que  no cumplen con las condiciones mínimas legales de habitabilidad que requiere el Colegio de Arquitectos.   

- Los afectados pasaron de una casita con huerta, jardín y animales domésticos a vivir como sardinas en lata en contenedores marítimos convertidos en infraviviendas que a día de hoy son la mejor imagen del daño moral que hemos sufrido todos, pues, como si se tratara de Caracas o de Sao Paulo,  existen dos Los Llanos, uno con sus casas, calles y edificios y el otro el de los contenedores de los afectados.

-El Gobierno canario anterior ocultó las grabaciones y las actas de las sesiones del PEVOLCA celebradas en los días decisivos ( 17, 18 y la mañana del 19 de septiembre), en los que no se tomó la decisión de pasar el semáforo de amarillo a naranja a pesar de que la erupción era inminente, como relataron varias técnicas del IGN en sus comparecencias parlamentarias. A día de hoy la actual Comisionada de Transparencia y exalcaldesa de Los Llanos, sigue sin entregarlas, aunque fueran los papeles de PEVOLCA, si no hay tales actas. Aún recordamos como los integrantes de los comités del PEVOLCA fueron homenajeados en acto público en Santa Cruz de La Palma en presencia de SS.MM. los Reyes de España y se dejó en una esquinita sin protagonismo a los afectados, a los que se les entregó un mísero diploma.

-Se ideó por el Gobierno Canario anterior como solución urbanística a la reconstrucción de los barrios y las propiedades de los afectados, una suerte de permuta obligatoria por la que al afectado se le obligaba a desprenderse de su propiedad destruida a cambio de recibir en el futuro una parcela urbanizada mediante una transformación urbanística pública. O sea, un doble volcán: no sólo el afectado perdió la posesión de su propiedad por el daño del volcán sino que el Gobierno anterior le daba el golpe definitivo obligándole a entregar su propiedad al Estado a cambio de una parcela de un futuro incierto que sólo disfrutarían  sus nietos y que se iba a construir sobre terrenos que serían expropiados a otros ciudadanos, creando otro problema más en relación a estos nuevos afectados.

El nuevo Gobierno canario que tomó posesión en julio de 2023 ha aprobado un nuevo marco legal del volcán necesario constituido por la ley urbanística, la ley agraria y la ley de vivienda protegida. Asimismo, se ha creado la figura jurídica, que no existía hasta ahora, de la compensación de los daños materiales, que viene a retribuir a los afectados  el valor real de las propiedades destruidas.

A partir del mes de agosto se ha empezado a notificar a los afectados que perdieron sus viviendas habituales las compensaciones que van a percibir en virtud de las nuevas leyes aprobadas, y  que se abonarán antes de final de año con cargo a la aportación del Estado de 100 millones de euros de 2023 y la aportación, por la Administración canaria, de 50 millones de euros.

Sin embargo, la magnitud de la tragedia es tal que aún queda un largo camino por recorrer, para el que proponemos, sin demagogias y sin politizar este asunto, las siguientes cinco medidas con las que garantizar los derechos de los afectados y mejorar el trabajo hasta ahora recorrido:

1.- Que el Estado transfiera al Gobierno de Canarias los 100 millones de euros necesarios para este año 2024 de modo que se puedan pagar las compensaciones por todas las viviendas habituales, conforme a un pago justo en el que se contemple el valor real de la vivienda al margen de seguros y reaseguros privados, y se paguen todas las fincas rústicas y las segundas viviendas durante 2025 y 2026. 

2.- Que se busque una solución urbanística en forma de compensación complementaria a todos aquellos terrenos que tienen más de 10 metros de espesor de lava, los que son objeto de protección cautelar y los que serán declarados en espacio natural protegido por su cercanía al volcán, ya que estos suelos quedan inservibles para la reconstrucción durante años.

3.- Que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma concedan una línea de subvenciones para los proyectos de viviendas y de fincas rústicas y para la ejecución de obras que cubra al menos el 50 por ciento del importe de los proyectos y el 50 por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras.

4.- Que las Cortes Generales modifiquen de una vez el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa a los efectos de compensar de forma adecuada con el cien por cien del valor real del día antes del volcán a los expropiados de fincas por las carreteras de la Costa y de las Norias y no se le compense por el infravalor de un tercio sobre el valor real, como se pretende. Y que aquellos expropiados para construir las carreteras, cuando reciban la compensación del Gobierno de Canarias se les compense por la superficie total de la finca afectada por el volcán aunque una parte haya sido expropiada.

5.- Que se apruebe en el Parlamento autonómico la Ley de Volcanes de Canarias para que por ley se garantice la recuperación íntegra de lo perdido a los afectados, en el futuro, de posibles catástrofes volcánicas como la ocurrida en 2021.