El Cabildo de Gran Canaria inicia el procedimiento para asignar 16,6 millones a la expropiación de terrenos para el Tren

El Gobierno de la Isla aportará los fondos a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, para financiar la inversión necesaria en el proceso expropiatorio

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Hacienda y Emergencias, con Pedro Justo Brito al frente, pone en marcha el procedimiento que le permitirá aportar 16.668.600 euros a la Autoridad Única del Transporte, con objeto de financiar la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución del Tren de Gran Canaria, la infraestructura ferroviaria que unirá Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas. La aprobación de un crédito extraordinario por esa cantidad, con cargo a remanentes líquidos de Tesorería, se tratará en el Pleno de la Corporación insular que se celebrará el próximo viernes, 27 de septiembre.

En el documento elaborado por el Servicio de Trasportes de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, que dirige Teodoro Sosa, se destaca la trascendencia que tiene el proyecto para mejorar el transporte público, así como su viabilidad económica y social, y cómo se cumplen todos los requisitos para llevar a cabo el proceso legal de la expropiación, que será ejecutada por Ferrocarriles de Gran Canaria SAU, el ente público del Gobierno insular que gestiona la ejecución, explotación y mantenimiento de la línea ferroviaria.

De este modo, indica que, con objeto de hacer realidad esa infraestructura y en el marco de la colaboración entre Ferrocarriles de Gran Canaria SAU e Ineco, medio propio y servicio técnico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha elaborado la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación, en la que se describen todos sus aspectos materiales y jurídicos.

Y es que, como recalca el informe, se ha acreditado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Base 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el ejercicio 2024, en relación a que este gasto no puede demorarse hasta 2025, ya que un retraso en la tramitación conllevaría que no se puedan financiar en este ejercicio las actividades que se han encomendado a Ferrocarriles de Gran Canaria SAU, con base en los compromisos adquiridos por el Gobierno insular por ser declarada de interés insular estratégico su ejecución.

Por tanto, incide en que este crédito extraordinario “deviene de la necesidad inaplazable de hacer frente a una actividad de utilidad pública como es la expropiación de los terrenos necesarios para acometer el ‘Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas’ (PTE21), debido a que, tras la inminente aprobación de la DIA, es de eficiente previsión acometer sin demora la gestión y tramitación de las actuaciones preceptivas para garantizar la ocupación de los bienes afectados por la expropiación”.  

Y, asimismo, subraya que en el presupuesto de la Corporación no existe crédito para esta finalidad, “por lo que esta medida es precisa para disponer del presupuesto correspondiente para iniciar las expropiaciones en el mismo ejercicio 2024”.

Un proyecto positivo para la sostenibilidad social, económica y ambiental

En su argumentario, el documento sostiene que en el proyecto del Tren de Gran Canaria quedan plenamente justificados su interés general y sus repercusiones positivas desde los puntos de vista de sostenibilidad social, económica y ambiental, así como su oportunidad económica, maximizada por los componentes sinérgicos energéticos y de innovación asociados que contiene, dado que cuenta con un parque eólico de autoconsumo para la producción de la energía eléctrica.

Más en detalle, pone el acento en que el interés general de esta línea ferroviaria se define no solo por la situación actual de congestión viaria y la necesidad de mejora de transporte público colectivo en Gran Canaria, sino también por la oportunidad de conseguir un transporte insular global eficiente, completamente intermodal y alineado con las estrategias de movilidad y energía nacionales y europeas.

“Y, tras realizar un análisis de todos los posibles sistemas de transporte público interurbano a implantar”, expone, “el tren de cercanías de altas prestaciones con velocidad de 160 km/h era el que mejor se adaptaba a las particularidades de la realidad cotidiana de la movilidad insular aportando rapidez, regularidad, fiabilidad, seguridad, confortabilidad, sostenibilidad y menor coste económico”.

Igualmente, en lo que respecta a la oportunidad económica, sostiene que esta viene dada por el beneficio socioeconómico que arroja el estudio de análisis coste-beneficio que justifica la necesidad de acometer esta infraestructura, puesto que sus usuarios y usuarias obtendrán un ahorro de tiempo y, además, se reducirán los niveles de contaminación, ruido y accidentabilidad, entre otros parámetros.

Del mismo modo, aduce que el estudio de rentabilidad económico-financiera infiere que los ingresos de explotación cubren desde el primer año los costes de explotación, la dotación de amortización inmovilizado y los gastos financieros.

Y, por último, pone de manifiesto que, desde el punto de vista macroeconómico, la inversión en el Tren de Gran Canaria beneficia a todas las ramas de actividad, con un efecto predominante en la construcción de alrededor del 40%. Por tanto, alega que elementos como el empleo, la producción y demanda agregada, y el valor añadido se ven afectados de forma positiva por el proyecto, porque, como concluye, “los efectos sobre la actividad económica estimados suponen un impacto total de casi 5.578 millones de euros en términos de producción, 2.036 millones de Valor Añadido, generando más de 25.000 empleos a tiempo completo, y con una contribución estimada al PIB Canario superior al 4%”.