LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba remitir al Gobierno de Canarias el informe para declarar el municipio zona tensionada para regular los precios de los alquileres
La capital es el primer municipio de Canarias en elaborar este informe que analiza de manera pormenorizada la situación del mercado residencial
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado hoy un acuerdo declarativo para instar al Gobierno de Canarias a tomar en consideración el informe técnico elaborado por el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que avala que la ciudad puede declararse en su totalidad como zona residencial tensionada al cumplir con los requisitos que establece la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que la aprobación de la ciudad como zona tensionada “nos permitirá tomar decisiones muy importantes para mejorar las condiciones de vida en la ciudad”. Entre estas decisiones ha apuntado la corrección del “efecto distorsionador” que está provocando la vivienda vacacional en la ciudad o el uso del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI).
El concejal de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha indicado durante el Pleno que “uno de los problemas más graves que tiene la sociedad actual es la vivienda y para actuar frente este problema hay dos actitudes: una, dejar de hacer, que se resuelva solo; y la otra es actuar”. “Y lo primero que hay que hacer es reconocer que esta ciudad es una zona tensionada, lo cual es evidente”, ha apuntado Quevedo.
La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño, ha puesto como ejemplo la ciudad de Barcelona, donde la aplicación de zonas tensionadas ha supuesto una disminución de los precios de los alquileres del 5,2%. “Esa es la realidad de la aplicación de una muy buena ley”, ha apuntado.
Este instrumento permite conocer un rango de valores de referencia para el alquiler de una vivienda según su localización y características. Roque ha explicado que en las zonas de mercado residencial tensionado, el valor superior del rango marcará el límite del precio de la renta en los nuevos contratos de alquiler de vivienda de grandes tenedores, así como en todos los nuevos contratos de alquiler de viviendas situadas en dichas zonas tensionadas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.
Ya el Ayuntamiento, en el Pleno celebrado el pasado mes de abril, instó al Gobierno de Canarias a que iniciara los trámites correspondientes para la declaración de zona tensionada para regular los precios de los alquileres puesto que la Comunidad Autónoma es la que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda. Mediante el nuevo informe, se refuerza la solicitud al gobierno regional que declare con prontitud la ciudad como zona tensionada para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de la ciudadanía.
De esta forma, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el primer municipio del Archipiélago que elabora este informe con el que se analiza la situación del mercado residencial. El documento recoge los indicadores de la renta de los hogares, la evolución de los precios de venta, la evolución de los precios del alquiler o el efecto de la vivienda vacacional.
El estudio, elaborado con datos oficiales procedentes en su mayoría del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana o el Instituto Canario de Estadísticas (ISTAC), analiza las tipologías de las zonas territoriales.
Las conclusiones del informe señalan que Las Palmas de Gran Canaria cumple con tres de los cuatro requisitos que acreditan que la ciudad puede ser declarada zona tensionada. El primero de ellos es la carga media del coste de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos respecto a la renta media de los hogares. En este sentido, el municipio ha experimentado un crecimiento, pasando del 30,52% en 2021 al 33,55% en 2023, superando por tanto el 30% de la renta media de los hogares que establece la Ley de Vivienda.
La segunda de las condiciones es que la evolución de la carga media del coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, respecto a la renta media de los hogares, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares que establece la normativa estatal. Y el tercero de los requisitos es que que los precios del alquiler hayan aumentado al menos un 3% más que el IPC en los cinco años anteriores. En la ciudad, el precio de los alquileres se ha incrementado un 29,4% frente al 19,69% del IPC en Canarias.
El informe también resalta la dinámica expansiva que está teniendo la oferta de viviendas turísticas o vacacionales en la ciudad, según los datos publicados por el INE. La capital ha pasado de contar con 2.050 unidades en agosto de 2020 a acoger 4.716 en octubre de 2024, un ritmo de crecimiento comparable al de municipios eminentemente turísticos como San Bartolomé de Tirajana o Adeje.
En este sentido, Las Palmas de Gran Canaria concentra un gran número de estas viviendas vacacionales en los barrios históricos de Triana y Vegueta, así como en Arenales y Ciudad Alta. El informe indica que algunas secciones de Puerto-Santa Catalina, La Isleta, Guanarteme, Vegueta y Triana se alcanza un ratio cercano al 50% de viviendas vacacionales en comparación con las residenciales.
Ante estos datos, el documento reseña que la ciudad necesita la declaración de zona de mercado tensionada cuanto antes para hacer frente al actual funcionamiento del mercado de la vivienda, que afecta tanto a la población potencialmente demandante como a la ciudadanía más vulnerable, por razón de edad, capacidad de gasto, saldo migratorio, hábitat asociado a la dinámica laboral o necesidades de productos residenciales específicos.
Esto supone que un conjunto de la población es objetivamente proclive a situarse en un escenario de inaccesibilidad a la vivienda, derivando en un refuerzo de los síntomas de exclusión residencial o inadecuación de la oferta habitacional.
Parque público de viviendas
A lo largo de este mandato, el Gobierno municipal ha comprometido la construcción de 1.000 viviendas públicas para su alquiler durante este mandato. En este sentido, ya se ha iniciado la construcción de cerca de 400 y se dispone de más suelo urbano para seguir incrementando el número de hogares. El Ayuntamiento, de manera conjunta con el Gobierno de España, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Gran Canaria, continúa trabajando para ampliar el parque público de viviendas.