Oscar Izquierdo solicita al Gobierno de Canarias, que se recurra a todas las medidas posibles y viables, manteniendo siempre la seguridad jurídica, para simplificar una Administración Pública que en estos momentos es obsoleta, lenta y alejada de cualquier gestión con un mínimo de eficacia. Contando con medios materiales digitalizados del siglo XXI, se resuelven expedientes, resoluciones o licencias, con tiempos del siglo XIX. Incumpliendo sistemáticamente los plazos establecidos por la legislación vigente, dilatando en el tiempo, sine die, cualquier respuesta  establecida reglamentariamente, perjudicando de esta manera, ostensiblemente al ciudadano  o al empresario, que en muchas ocasiones lo pone al borde del precipicio al no poder mantener una actividad continuada de la empresa, lo que hace peligrar la propia supervivencia de la misma, que se ve abocada al cierre, no por una mala gestión profesional, sino por la incapacidad gestora de una burocracia que no funciona adecuadamente, porque no sirve a los intereses generales como servicio público que debería ser.

 

El presidente de FEPECO insiste que simplificar es mejorar, hacerlo más sencillo, más fácil o menos complicado, algo que parece ser que es lo enrevesado lograr en la burocracia canaria. La Función Pública, en su acostumbrado empoderamiento y corporativismo decimonónico, no tiene conciencia, ni idea, de su inoperatividad, falta de diligencia. Sencillamente están acostumbrados a trabajar a un ritmo parsimonioso, que no significa esfuerzo alguno y menos cumplimiento de plazos que, en cambio, si se desgañitan en exigir a los ciudadanos o empresarios en cualquier trámite. La doble vara de medir, a la demás reclamación máxima en cambio a ellos inoperatividad consentida.

 

El Gobierno de Canarias, en este tema muy valiente, ha aprobado un Decreto-Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, para atajar la urgencia habitacional que padecemos en las islas. Ya está en marcha normativas parecidas en ocho Comunidades Autónomas, que están a pleno funcionamiento con una cooperación total público-privado, incorporando la digitalización de todos los procesos, la reducción de trámites, una atención más rápida al ciudadano o empresario con una transparencia y eficacia demostrada.  Esta apuesta de modernización y agilización que se ha puesto en marcha en Canarias se está encontrando con la obstrucción de algunos funcionarios/as y alcaldes o alcaldesas, sólo por motivos ideológicos o partidistas de hacer oposición destructiva o corporativismo nocivo, que esconden las vergüenzas de sus propias incapacidades gestoras.