El Tribunal Constitucional avala esta misma mañana de jueves la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La norma con la que Pedro Sánchez logró los votos del independentismo para poder ser investido como presidente del Gobierno es compatible con la Carta Magna, según seis magistrados progresistas de la Corte de Garantías.

 

Cabe recordar que los miembros del Tribunal Constitucional han de ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

 

La designación como magistrado del Tribunal Constitucional lo es por un periodo de nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres años. Ningún magistrado puede ser propuesto para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.

 

Cándido Conde-Pumpido

Cándido Conde‑Pumpido aterrizó en el Tribunal Constitucional en el año 2017 a propuesta del Senado. Pocos años más tarde, en enero de 2023, fue elegido presidente. Desde entonces, su labor al frente del órgano de garantías ha sido duramente criticadas por profesionales de la carrera de diferentes sensibilidades por su cercanía al Gobierno de Pedro Sánchez y por utilizar la mayoría progresista en favor de los intereses del ejecutivo.

 

Con más de cuatro décadas en la carrera a sus espaldas, Cándido Conde-Pumpido empezó como magistrado en la Audiencia de Guipúzcoa durante los años del terrorismo etarra, hasta que ingresó en el Tribunal Supremo en 1995. Desde el alto tribunal fue clave en los casos de corrupción como los GAL, Roldán o el hundimiento de Banesto.

 

En 2004, con la llegada de Zapatero a Moncloa, fue aupado hasta la cúspide de la Fiscalía General del Estado. Hasta el 2011, fue clave para la creación de fiscalías especializadas (género, medioambiente, anticorrupción), una de las grandes apuestas del Ejecutivo del PSOE.

 

Inmaculada Montalbán

Inmaculada Montalbán Huertas fue designada magistrada del Tribunal Constitucional en noviembre de 2021 por propuesta del Partido Socialista. Tiene una sólida formación en derecho contencioso-administrativo y en violencia de género e igualdad.

 

De hecho, fue vocal del CGPJ entre el 2008 y 2013 y presidió el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Su paso por el órgano de gobierno de los jueces le proliferó un marcado perfil político, que después se ha ido perpetuando en el órgano de garantías.

 

Bajo la presidencia de Conde-Pumpido ha encabezado la ponencia de la ley de amnistía, además de ser la ponente en la sentencia que anuló la sentencia de los ERE. Su papel de revisión al Tribunal Supremo ha sido duramente criticado por su cercanía con el PSOE andaluz, quien le premio en el año 2012 con la medalla de Andalucía.

 

Ramón Sáez

Ramón Sáez Valcárel aterrizó en el órgano en 2021 a propuesta del Congreso tras ser magistrado de primera instancia e instrucción en Cádiz y Madrid y superar las pruebas de especialización penal para plazas en el Supremo y en las Salas de Apelación. Aprendió el oficio con Manuela Carmena, exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, que la eligió para que dirigiese sus prácticas en la Escuela Judicial.

 

Asimismo, de 1996 a 2001 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. Fue el autor de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los condenados del bloqueo al Parlament catalán de 2011.

 

María Luisa Segoviano

María Luisa Segoviano fue nombrada en 2023 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Durante doce años se desempeñó como magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y se convirtió en la primera mujer en presidir una Sala del Alto Tribunal en sus más de 200 años de historia. En reconocimiento a su trayectoria, ha sido distinguida con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la condecoración Puñetas de Oro.

 

En 1987 ingresó como magistrada en la Carrera Judicial, comenzando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bilbao. Desde entonces ha ocupado diversos cargos como, por ejemplo, el juzgado de primera instancia e instrucción de Bilbao, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (1997-2002); presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior, Valladolid (2002-2006), hasta su llegada al Supremo y posteriormente, tras jubilarse, al Constitucional.

 

María Luisa Balaguer

María Luisa Balaguer llegó a la Corte de Garantías en 2017 a propuesta del Senado. Es activamente feminista, siempre se ha mostrado a favor de abrir el debate para investigar los crímenes del franquismo y fue una de las candidatas a presidir la Corte de Garantías en 2023. Fue militante del PSOE y se dio de baja cuando accedió al Consejo Consultivo de Andalucía.

 

Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada el año 1976 y se doctoró el año 1983. Formó parte del Ilustre colegio de abogados de Málaga desde el año 1977 hasta 2003 como abogada adscrita, año en el que se convirtió en la primera catedrática en Derecho Constitucional de Andalucía, del Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga.

 

Laura Díez

Laura Díez fue propuesta por el Gobierno en el año 2023 como magistrada del Tribunal Constitucional y un ex alto cargo de Pedro Sánchez. Tiene un perfil académico, pero en los últimos años su carrera se ha girado en torno a la política.

 

En su actividad profesional en servicios especiales, ha sido asesora del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para la reforma del Estatuto de Autonomía (2002-2004); adjunta al Defensor del Pueblo de Cataluña (2004-2010); directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020) y directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022).

 

Fue nombrada Consejera del Consejo de Garantías Estatutarias por el Parlamento de Cataluña en mayo de 2022 y ejerció el cargo de Vicepresidenta de esta institución desde entonces hasta enero de 2023, fecha en que cesó al ser nombrada Magistrada del Tribunal Constitucional.