Las alegaciones contemplan otros incumplimientos relacionados con la calificación del suelo, la protección de espacios protegidos, la inexistencia de alternativas más sostenibles o las afecciones a vecinos y vecinas.
Drago Canarias registró recientemente un documento de alegaciones ante el proyecto de la Planta de Generación de Emergencia de Tigaiga, en Los Realejos, Tenerife; debido a las varias inconsistencias que presenta y las afecciones que podría generar en el entorno y sobre la ciudadanía.
Las alegaciones atienden a incumplimientos de todo tipo, relacionados con el informe de evaluación ambiental, la calificación del suelo, la protección de espacios protegidos, la inexistencia de alternativas más sostenibles o las afecciones a vecinos y vecinas; sobre una planta que tiene previsto construirse a decenas de metros de las viviendas de la zona.
Uno de los incumplimientos más graves tiene que ver con la infracción de la evaluación ambiental. El propio documento de planeamiento y cartografía de Grafcan especifica que la planta se ubicaría en las proximidades de varios espacios naturales protegidos e incluiría dos depósitos de propano a presión de 200 m³, sin embargo, solamente existe un estudio de impacto ambiental simplificado, lo que contraviene la Ley de Evaluación Ambiental, que exige una evaluación completa para proyectos industriales de esta escala.
Además, el proyecto se ubica en una parcela actualmente clasificada catastralmente como suelo de uso agrario, según el PGO vigente de Los Realejos. Sin embargo, la pretendida instalación industrial implica un cambio sustancial del uso del suelo, que conforme al Decreto Legislativo del Suelo de Canarias requiere de una modificación puntual del planeamiento, con su correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y exposición pública; pero en el expediente no consta tal modificación ni se presenta informe que avale la compatibilidad con el planeamiento vigente.
Por otro lado, en base a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, este tipo de proyectos debe incluir debe incluir un estudio de alternativas menos contaminantes, como pudieran ser la energía solar fotovoltaica o almacenamiento con baterías, los generadores alimentados por biometano o hidrógeno verde o el aprovechamiento de infraestructuras preexistentes con alternativas viables de localización y tecnología; pero este imperativo legal tampoco se ha tenido en cuenta.
Asimismo, la planta trabajará con propano almacenado en depósitos presurizados, lo que implica un riesgo elevado de accidente grave, pero no se ha presentado modelización de escenarios de fuga, explosión o incendio ni plan de evacuación de emergencia para la población cercana. Y a su vez, tampoco existe evaluación acústica ni de campos electromagnéticos, aunque el proyecto incluye motores de combustión que generan emisiones relevantes de ambos tipos.
La Planta de Generación de Emergencia de Los Realejos
La planta de generación de electricidad, prevista para la zona de La Gañanía, en Los Realejos, y promovida por la empresa Disa, está proyectada sobre una parcela de más de 26.000 m². Según análisis urbanísticos, la parcela colinda o está muy próxima al tejido residencial existente. Aunque los datos precisos sobre metros no se mencionan, sí se señala que “zonas habitadas” se ubican en las inmediaciones, reforzando el impacto directo sobre barrios colindantes.
El proyecto contempla la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación de generación eléctrica de respaldo, basada en ocho motores de combustión alimentados por gas propano, dos depósitos presurizados de 200 m³ cada uno, un cargadero de cisternas, una subestación transformadora y diversas conexiones eléctricas subterráneas.
A pesar de que Canarias dispone de un potencial renovable muy superior a la media estatal, particularmente en cuanto a energía solar, eólica y marina, el avance real hacia un modelo energético sostenible se está viendo comprometido por la autorización de nuevas infraestructuras contaminantes, como la planta proyectada en Los Realejos, que refuerzan el mismo patrón de dependencia fósil que la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética pretende precisamente superar.