• La CREM (Femete y Femepa) denuncia que las islas colapsarán por la falta de instalaciones propias para ese tipo de residuos y demanda soluciones urgentes al Gobierno de Canarias

“Canarias no dispone de instalaciones propias autorizadas para gestionar los residuos peligrosos y las comunidades autónomas de la Península que sí lo pueden hacer —encabezadas por Andalucía—están cerrando progresivamente sus plantas a los envíos procedentes del archipiélago. La situación tiene, además, fecha límite para el amianto: a partir del próximo 1 de abril, las obras en las que se detecte este material no podrán continuar si no hay vía legal para tratarlo. El resultado: las Islas colapsarán”. Así lo denuncia la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa, en un comunicado donde demandan soluciones urgentes al Gobierno de Canarias para evitar ese bloqueo.

“Más de 1.000 empresas asociadas a nuestra federación se ven hoy incapaces de cumplir sus obligaciones legales y medioambientales, sin que ello dependa de su voluntad. El problema afecta a toda la cadena productiva del archipiélago: empresas gestoras de residuos, chatarrerías, instalaciones, talleres de automoción, construcciones metálicas, industria alimentaria y sector hotelero. Más todavía en las islas menores, donde la situación es directamente inmanejable: no hay ningún gestor que opere con regularidad”, advierte el presidente de la CREM y de Femete, Juan Antonio Jiménez.

 Una excepción y su gestión en las Islas

Ante esta situación apremiante, la CREM ha solicitado ya una reunión urgente con el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, para presentar un plan de acción conjunto con carácter de urgencia. “Ambas federaciones recuerdan que la condición de región ultraperiférica de Canarias reconocida por la UE implica obligaciones específicas del Estado en materia de acceso a servicios esenciales, incluida la gestión ambiental. Las propuestas pasan por conseguir una excepción transitoria a corto plazo e impulsar infraestructuras propias para ese tratamiento de residuos peligrosos en Canarias a medio plazo, apostando de esa forma por la economía circular local”, explica el dirigente de la CREM.

 Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez, califica la situación de “insostenible”. Así lo detalla: “No se puede exigir a nuestras empresas que cumplan la ley si no existen infraestructuras para gestionar los residuos peligrosos. Estamos ante un problema estructural que amenaza con paralizar sectores clave en Canarias. Desde Femepa, reclamamos soluciones urgentes: medidas transitorias inmediatas y, en paralelo, la creación de instalaciones propias en las islas. La sostenibilidad debe ser compatible con la actividad económica y el desarrollo industrial de Canarias”.

 “Cumplir la ley se ha vuelto imposible”

También alerta el vicepresidente de Medio Ambiente de Femete y presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Economía Circular (Acanec), David González: “Las empresas canarias no pueden seguir siendo penalizadas por una carencia de infraestructura que no depende de ellas. Cumplir la ley se ha vuelto, literalmente, imposible”.

 “Lo que convierte este bloqueo en una amenaza directa para el sector de la construcción y la rehabilitación de edificios es que los residuos con amianto retirados en Canarias se han multiplicado por cuatro en dos años, pasando de 1.000 toneladas en el año 2022 a más de 4.100 en 2024, según datos de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. A esto se suma el encarecimiento del transporte marítimo interinsular —con subidas recientes del recargo BAF aplicadas en las tarifas de transporte marítimo por las navieras— que hace aún más inviable el traslado de residuos entre islas”, resalta.

“Implica a toda la sociedad canaria”

Otra directiva de Femete, Yurena Rodríguez, empresaria del sector de Gestión de Residuos, reitera: «Debemos evitar que Canarias quede bloqueada por un problema sobre el que debe actuarse a corto y medio plazo. Tenemos que ser todos conscientes de las consecuencias de no hacerlo y reclamar actuaciones junto a las instituciones. Es un problema que implica a toda la sociedad canaria y, por lo tanto, que tenemos que arreglar entre todos: sector privado, Administraciones Públicas y que también debe conocer bien la ciudadanía. Porque los residuos que generamos todos en las islas, debemos conseguir gestionarlos correctamente también en las islas (en suelo de las islas). Debemos cuidar el territorio frágil de Canarias y, por lo tanto, arrimar entre todos el hombro y poner en marcha medidas a corto plazo (hasta solventar el problema) y a medio-largo plazo para un futuro sostenible, viable y circular”.