Solamente el Gobierno de Canarias tiene la obligación de cumplir el mandato acordado por unanimidad el pasado 22 de mayo por el Parlamento Canario (gobierno y oposición), presentando ante el Congreso de Diputados que Canarias es un archipiélago de Estado de Pleno Derecho en aplicación del artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar. Ante dicha realidad ningún partido de forma unilateral deberá de apropiarse y presentar al Congreso de Diputados, la Resolución aprobada de forma unánime el 22 de mayo por el Parlamento Canario.
La aceptación por parte del Congreso de Diputados de que a Canarias se le reconozca la aplicación del Tratado Internacional del Mar, con lo cual, convierten al conjunto de islas e islotes de Canarias en un archipiélago de Pleno derecho, conllevando a su vez, la invalidez del Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto que fijan las líneas de base rectas para cada isla, impidiendo que Canarias sea un archipiélago.
A partir de ahora se abre un debate jurídico para la aplicación de las aguas archipelágicas, que el artículo 47 la define solamente para los archipiélagos que son Estados, y Canarias no lo es, pero el Tratado Internacional del Mar, no prohíbe expresamente que los archipiélagos de Estados se acojan al artículo 47 de dicho Tratado, basándose en la jurisprudencia de los principios de la Legalidad: “nadie será obligado a hacer lo que no prohíbe la Ley”.
También habrá de tenerse en cuenta que la Ley 44/2010 sobre las aguas Canarias a la que en su momento no se le dió valor jurídico, en el momento en que el Congreso de Diputados aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, con la Ley Orgánica, 1/2018, del 5 de noviembre, se dá validez jurídica a la Ley 44/2010 de Aguas Canarias.
Con la Ley Internacional del Mar aplicable a Canarias, se anula el concepto de islas para convertirse en un archipiélago de Estado, de pleno derecho, sin menoscabar la soberanía del Estado al que está vinculada las Canarias. Con ello se abre un camino legal que anteriormente no teníamos, y es que ahora podemos obtener un Estatuto de Autonomía en el que se recojan todo lo positivo que nos dé el Tratado Internacional del Mar.
Espero que el Gobierno de Canarias sea consecuente y gestione lo antes posible, lo ordenado por el Parlamento canario, celebrado el 22 mayo pasado, para que Canarias entre con todos los honores en las aplicaciones de las Leyes Internacionales, especialmente en la marítima.
A 16 de junio de 2024 Firmado: Antonio Rodríguez de León