Casimiro Curbelo
Presidente del Cabildo de La Gomera
Este pasado lunes, la Península Ibérica se quedó a oscuras. El corte fue total durante casi doce horas. Esto no ha sido un simple incidente técnico: ha sido la constatación de que nuestro modo de vida depende de un hilo tan fino como el de un cable de alta tensión.
Resulta inquietante comprobar hasta qué punto damos por descontado que todo —desde el datáfono de un supermercado hasta la ventilación de un hospital— funciona en tiempo real gracias a un suministro eléctrico continuo. Cuando la luz se apaga, el reloj social se detiene: los trenes no circulan, las comunicaciones fallan y el comercio se paraliza. Ni siquiera veinticuatro horas de apagón bastan para que la ciudadanía interiorice, con toda su crudeza, la magnitud de nuestra dependencia.
Las causas concretas del colapso aún se investigan, pero han dejado en evidencia la fragilidad de una red con apenas un 2% de interconexión internacional y un mallado interno insuficiente para absorber sobresaltos. Hablar de vulnerabilidad eléctrica me remite, inevitablemente, al cero energético que La Gomera sufrió el 30 de julio de 2023. Un incendio en la central de El Palmar dejó sin luz a más de 22.000 vecinos; tuvimos que improvisar grupos electrógenos para mantener operativos los servicios esenciales. Aquella noche a oscuras nos obligó a replantearnos toda la estrategia insular: renovar grupos diésel obsoletos, crear nuevas infraestructuras, avanzar en las renovables y acelerar en la interconexión submarina con Tenerife.
Esa experiencia confirma que la red es el eslabón más débil de la cadena energética. Podemos instalar miles de megavatios renovables pero, si la infraestructura de transporte y almacenamiento no se refuerza, un simple fallo vuelve a dejar a millones de personas sin prestaciones básicas. España necesita, por tanto, un plan de choque para cerrar cuanto antes los corredores de alta tensión, ampliar las interconexiones con Europa y desplegar almacenamiento a gran escala capaces de estabilizar la frecuencia cuando la generación verde fluctúa.
El otro pilar es el autoconsumo. Cada tejado fotovoltaico con batería detrás del contador es una reserva distribuida que resta presión a la red en momentos críticos. El Gobierno ha simplificado los trámites, pero hace falta ir más lejos: acelerar las comunidades energéticas locales, como en la que ya trabajamos en Alojera, permitir la agregación de demanda y respaldar la instalación de baterías domésticas. Solo así convertiremos la suma de miles de hogares en un escudo colectivo frente a futuros apagones.
Si algo demuestran los sistemas insulares es que la vulnerabilidad siempre es mayor donde es más débil. Allí, sustituir los grupos convencionales por híbridos renovables-almacenamiento y crear microrredes capaces de operar de forma aislada no es un lujo, sino una obligación. La interconexión Tenerife-La Gomera será una de nuestras tablas de salvación en emergencias; otras islas precisan el mismo nivel de protección.
